“El FSLN impone ideología única en universidades y acoso constante a la Iglesia”, denuncia CIDH en OEA
“El FSLN impone ideología única en universidades y acoso constante a la Iglesia”, dijo el Secretario Ejecutivo Adjunto para el Sistema de peticiones, casos y soluciones amistosas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Jorge Meza Flores, sobre la situación en Nicaragua durante una sesión ordinaria en la Organización de Estados Americanos (OEA).
En el informe, Jorge Meza Flores actualizó la grave situación de derechos humanos en Nicaragua con el cierre de 25 universidades privadas, lo cual afectó a unos 35 mil estudiantes.
“En Nicaragua no solo no existe la separación de poderes y el Estado de derecho sino que el espacio cívico y democrático se encuentra cerrado, no existen condiciones para que la sociedad civil participe en la vida social política y religiosa de manera libre, en un claro esfuerzo por anular cualquier contrapeso y crítica del ejercicio del poder”, expresó Meza Flores frente al Consejo Permanente de la OEAConsejo Permanente de la OEA.
Como consecuencia del cierre de los espacios, la Comisión Interamericana cuenta con un registro de 3.390 organizaciones de la sociedad civil cuya personería jurídica ha sido cancelada a partir de la crisis iniciada en abril de 2018.
“Las organizaciones afectadas se dedicaban a la defensa y promoción de los derechos humanos en particular grupos en situación de discriminación o exclusión histórica como mujeres o pueblos indígenas, el fomento de la democracia, el desarrollo social, labores humanitarias, cooperación internacional y también la protección al medio ambiente”, manifestó.
Además de las organizaciones o fundaciones, la CIDH resaltó la cancelación de la personería jurídica y la confiscación arbitraria de las instalaciones de la Universidad Centroamericana (UCA) de la Compañía de Jesús por ser considerada “centro de terrorismo” por su apoyo y defensa de los derechos de las y los estudiantes que participaron en las movilizaciones de 2018.
En los últimos dos años otras 25 universidades han sido cerradas y confiscadas arbitrariamente lo que ha afectado en total a más de 37,000 estudiantes y miles de académicos, detalló la CIDH.
También denunciaron que persiste la detención arbitraria de líderes estudiantiles y graves denuncias sobre adoctrinamiento y proselitismo político al interior de espacios académicos para “imponer el sandinismo como corriente única de pensamiento y de posición política”.
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Agregan que el cierre forzado y arbitrario de universidades es contrario a los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria.
“Restringe gravemente los derechos a la educación, a la libertad académica, de asociación, a la libertad de expresión, así como al pluralismo de ideas”.
También llamaron a los países de la OEA a facilitar el acceso a programas y servicios educativos para los estudiantes y académicos nicaragüenses afectados con el fin de garantizar la continuidad de la educación y con ello su proyecto de vida.
Sacerdotes detenidos
En el informe, el Secretario Ejecutivo Adjunto para el Sistema de Peticiones de la CIDH, informó que el cierre del espacio cívico y democrático incluye severas restricciones a la libertad de religión, así como la limitación de la expresión y práctica de la fe católica en Nicaragua.
Contabilizan más de 10 sacerdotes detenidos arbitrariamente y más de 40 religiosos católicos expulsados.
Entre los detenidos arbitrariamente destacan el encarcelamiento del obispo de Matagalpa monseñor Rolando Álvarez, quien se encuentra en condiciones deplorables de detención, incomunicado y con afectaciones a su salud.
A esto se suma, la cancelación de la Personería Jurídica de la Orden de los Jesuitas, la confiscación de su patrimonio, la expulsión de más de 40 sacerdotes y religiosas, la prohibición de celebraciones de misas, procesiones, el cierre de medios de comunicación religiosos, la confiscación de bienes y cuentas bancarias de la Iglesia.
Ante esto, la Comisión llamó al régimen sandinista a cesar la persecución contra la Iglesia Católica y los continuos ataques contra la libertad religiosa.
“Dada la gravedad de la situación, la Comisión decidió elaborar un informe especial sobre el cierre del espacio cívico en Nicaragua el cual planea presentar el 9 de noviembre en el marco de sus 188 períodos de sesiones”.
Amenaza a pueblos indígenas
El amplio informe también recoge la agudización de la represión contra las comunidades indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua, la detención del diputado y presidente del partido Yatamapartido Yatama, Brooklyn Rivera, la diputada suplente Nancy Elizabeth Henríquez, así como la cancelación de la Personería Jurídica del partido Yatama, uno de los principales de oposición en esa región.
La Comisión denunció el cierre de dos radios indígenas comunitarias administradas por Yatama consideradas referentes para la reivindicación, promoción y difusión de la cultura de los pueblos indígenas en 17 territorios.
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Dicha situación se suma a los ataques de colonos armados que actúan con tolerancia estatal para despojar a las comunidades de sus territorios incluso contra comunidades beneficiarias de medidas de protección por el Sistema Interamericano.
“Todos estos hechos amenazan la supervivencia de los pueblos indígenas y forman parte de una estrategia represiva desplegada por el Ejecutivo para afianzar el régimen de concentración del poder y quebrantamiento del sistema democrático ello mediante el silenciamiento de las voces críticas al gobierno”.
La Comisión indicó que urge cesar la represión contra las comunidades indígenas para garantizar el derecho a la tierra, al territorio y a su supervivencia. “Urge al Estado informar de inmediato sobre el paradero y el estado de salud de los señores Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez”.
Agrega “Nicaragua continúa en un contexto de completa falta de independencia de los poderes públicos de pesos y de contrapesos, así como del quebrantamiento del sistema democrático basado en la imposición de un estado policial. La Comisión Interamericana hace un atento llamado a la comunidad internacional y particularmente a los actores de esta región americana para que exijan al Estado el cese a la represión y buscar forma para restablecer los derechos y garantías propias de un Estado democrático”.
El informe también pide la liberación de los presos políticos y “liberar de inmediato a todas las personas que se encuentran detenidas en el contexto de la crisis iniciada en 2008”.