Juan Sebastián Chamorro: “El estado podrá confiscar en Nicaragua sin pedírselo al poder judicial”

La reforma al artículo 165 de la Constitución Política que ordenó Daniel Ortega a la Asamblea Nacional, para desvincular los registros públicos de la propiedad del poder judicial, envían un mensaje negativo a inversionistas, asegura el excarcelado político Juan Sebastián Chamorro.

“Esta barbaridad cambia fundamentalmente las reglas del juego de la tenencia de la propiedad en Nicaragua, lo cual envía un pésimo mensaje a los inversionistas que ahora sus derechos de propiedad están cada vez más vulnerados, así como los derechos de todos los nicaragüenses”, expresa Chamorro en un video divulgado en sus redes sociales.

El parlamento controlado por el Frente Sandinista aprobó este martes 31 de octubre la Ley de Reforma al Artículo 165 de la Constitución Política para desvincular a los Registros Públicos de la administración de justicia, a cargo del Poder Judicial de Nicaragua.

Esta reforma repentina ocurre en momentos en que la Corte Suprema de Justicia sufre destituciones y despidos en todos los niveles, y se mantiene intervenido desde el sábado 21 de octubre, cuando la policía se tomó varias oficinas sobre todo el área de informática.

La magistrada Alba Luz Ramos fue desalojada de su oficina el pasado 24 de octubre y dos días después le tocó el turno a la magistrada Yadira Centeno, amiga de Ramos. Ambas fueron expulsadas por el comisionado general en retiro, Horacio Rocha, quien ahora funge como ministro asesor para la presidencia en Nicaragua.

La reforma constitucional desvincula los registros públicos de la administración de justicia y la creación del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial y lo trasladan a la Procuraduría General de la República.

Más confiscaciones a la vista

“El traslado del registro público de la propiedad de bienes inmuebles y mercantil del poder judicial a la oficina de la Procuraduría General de la República solo puede definirse como una barbaridad jurídica y por eso es que precisamente la dictadura necesita una reforma constitucional profunda porque esto en un cambio profundo en el régimen del derecho de propiedad en Nicaragua”, advierte Chamorro.

Los argumentos de Chamorro sostienen que se trata de una aberración jurídica porque “en primer lugar, le quita atribuciones al poder judicial, que debería ser en términos generales como lo es en otras partes del mundo, un tercero independiente ente distintas partes, una justicia imparcial donde se registran las propiedades, pero ahora estos registros pasan a manos de un interesado como es el abogado del estado”.

“Ahora el abogado del estado, dependiendo a sus necesidades o sus antojos, va a poder alterar estos registros, podrá confiscar sin necesidad de pedírselo al poder judicial, que además queda sin una fuente importante de recursos pues cada vez que se registraba una hipoteca, un registro o cambio de la propiedad, se pagaba por estos trámites, pero estos dineros ahora le quedarán al procurador general”, expresa Chamorro.

Llaman a empleados judiciales a desertar

Por su parte Diego Barberena, miembro del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), a través de un video publicado en redes sociales, sentó la posición de este movimiento sobre los últimos acontecimientos en el poder judicial.

“La Unidad Nacional Azul y Blanco considera que esto demuestra el grado de descomposición en las más altas esferas del poder orteguista y las propias contradicciones internas en la dictadura que siguen aumentando”, expresa Barberena.

Agrega que “este hecho de persecución paranoica para preservar el poder por parte de Rosario Murillo y garantizar su sucesión, refleja que todos los funcionarios son desechables para el orteguismo”.

“Aún están a tiempo para desertar aquellos empleados y funcionarios públicos que se esfuerzan por brindar un buen servicio a la ciudadanía, y que no están manchados por la corrupción y los crímenes contra los derechos humanos y ser parte del cambio político y democrático que el país necesita”, indica el llamado de la UNAB.