CIDH señala incremento de la confiscación de organizaciones de sociedad civil nicaragüense

En un comunicado emitido por la Fundación del Río, ong ambiental expulsada de Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega, advierten del incremento de confiscaciones de organizaciones de sociedad civil nicaragüense, en los registros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“En el marco del periodo de sesiones 188 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Fundación del Río confirmó la limitación que tiene la sociedad civil para participar de la vida política, social, cultural y religiosa en Nicaragua”, denuncian en el comunicado.

El documento destaca que el informe sobre el Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua, elaborado por la CIDH, identifica a 3,390 organizaciones de la sociedad civil afectadas por la cancelación de su personería jurídica.

“Entre el 18 de abril de 2023 y el 31 de agosto de 2023, de un total de 7.227 organizaciones registradas legalmente en el país en 2018. Las organizaciones confiscadas representan el 47% registradas legalmente desde 2018, esto pese a sus aportaciones para el desarrollo multinivel en el país, incluidas 26 universidades”, evidencian en cifras.  

“Este cierre masivo de las organizaciones ha limitado severamente la capacidad de los diferentes actores de nuestra sociedad civil para participar en la vida política, social, cultural y religiosa, así como las actividades de promoción y defensa de los derechos humanos y retorno a la democracia”, sostiene Amaru Ruíz, presidente de Fundación del Río.

En la nota de prensa de Fundación del Río, se destaca el impacto económico y laboral por el cierre injustificado de estas organizaciones.

“Más de 23 mil personas desempleadas, la desatención de 3.4 millones de beneficiarios de los proyectos sociales y comunitarios y la pérdida de 255 millones de dólares para la ejecución de proyectos de desarrollo al año”, detalla el comunicado. 

La Fundación del Río informó que “Organizaciones como Movimiento María Elena Cuadra, CODENI, CEJUDHCAM, Popolna, La Corriente, Onda Local, etc. fueron retomadas como ejemplo de casos en los que hubo ocupación policial, congelamiento de sus cuentas y otros activos, además de la criminalización y persecución hacia sus integrantes”, denuncian en la nota de prensa.

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La organización señala que Nicaragua sigue siendo uno de los países más pobres de Latinoamérica y “lamentablemente esa capacidad de gestión para el desarrollo ha sido cercenada”, lamenta Amaru Ruíz.