Denuncian desaparición forzada de tres presos políticos en Nicaragua y plagas de jelepates en las celdas

La Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) denunció un recrudecimiento de los patrones represivos en las detenciones arbitrarias perpetradas por el Estado de Nicaragua durante los últimos seis meses (agosto 2023 - enero 2024) contra las personas privadas de su libertad por motivaciones políticas.

Según la “Actualización de patrones represivos contra las personas presas políticas en Nicaragua” de la UDJ, entre los nuevos mecanismos de control y represión se encuentran: allanamientos ilegales, desapariciones forzadas, juicios virtuales, interrogatorios conjuntos, condición carcelaria inhumana.

Asimismo, la UDJ denunció el “traslado a la cárcel sin acusación formal”, es decir, los detenidos son trasladados a la estación policial del Distrito III en Managua solo por horas o pocos días, para luego ser enviados directamente al Sistema Penitenciario de Tipitapa sin haber presentado una acusación formal en su contra.

De igual manera, la organización denuncia “tortura en el Sistema Penitenciario” en una acción coordinada entre interrogadores del Sistema Penitenciario y agentes de la Policía Nacional.

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También, denunció el aumento de las “desapariciones forzadas” en el último trimestre, destacando los casos más recientes de Broklyn Rivera (29 de septiembre de 2023), Freddy Quezada (29 de noviembre de 2023) y Carlos Bojorge (1 de enero de 2024).

“En los tres casos, las autoridades han negado dar información sobre el paradero fidedigno de ellos. Se ha impedido toda comunicación entre los detenidos y sus familiares o abogados. De tal manera que no se tiene certeza de sus condiciones de detención, ni constatación de su estado de salud y vida”, señala el informe.

“Se identificó que autoridades penitenciarias recomendaron a los familiares buscar a las personas detenidas políticas “en las morgues”, incrementando la zozobra de ellos, lo que constituye otro tipo de tortura”, añade el documento.

El organismo también cuestionó que los procesos judiciales, han aumentado los obstáculos para que los abogados de la elección de los familiares de las personas presas asuman la representación de ley para ejercer una adecuada defensa y critican que los juicios en vez de ser presencial se hagan por videoconferencias.

A la ya grave situación de las personas presas políticas, caracterizada por la aplicación de patrones represivos, se suma ahora la amenaza de las plagas de jelepates.

La UDJ insiste que es necesario que se brinden condiciones dignas de reclusión, que se ponga fin a la represión y que se les otorgue la libertad a quienes se encuentran injustamente encarcelados.

Si las autoridades no toman medidas inmediatas, las personas presas políticas estarán en riesgo de sufrir graves daños a su salud, tanto física como mental, indicó la UDJ en su último informe.