Nicaragüenses solicitantes de refugio no están seguros en Costa Rica tras extradición de opositor, asegura abogado
Según Daguer Hernández, ex subdirector de Migración y Extranjería de Costa Rica y abogado defensor de Douglas Gamaliel Pérez, opositor extraditado el viernes a Nicaragua, evidencia que Costa Rica desconoció la situación de persecución que vivía en Nicaragua y lo entregó al régimen de Daniel Ortega. Tal situación convierte a Costa Rica en un país no tan seguro para los nicaragüenses solicitantes de refugio, explicó Hernández a 100% Noticias.
Douglas Gamaliel Pérez Centeno, de 44 años de edad, fue requerido por Nicaragua por varios delitos, entre ellos le acusan por el homicidio de la oficial de policía Aracely Marisol Díaz Salina, de 21 años y de Pedro Chavarría Rivas, de 56, muertos en la comunidad rural Buena Vista del municipio El Castillo, Río San Juan.
“En este caso hemos señalado la calidad de opositores tanto de Reynaldo Picado Miranda (exmiembro de la Resistencia nicaragüense conocido como “Omar”), como de Douglas de Gamaliel Pérez Centeno. Ambos solicitaron refugio desde el 2018 en Costa Rica, han sido perseguidos en diferentes momentos, objetos directos de persecución por parte del Gobierno de Nicaragua y entes cercanos al gobierno de Nicaragua. Ambas personas habían tenido solicitudes de refugio que fueron conocidas hasta el 18 de octubre del año 2022”, dijo el abogado defensor.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica informó que los agentes de la Oficina Central Nacional – Interpol San José realizaron un operativo para extraditar al hombre de nacionalidad nicaragüense, ya que era requerido por el régimen de Ortega.
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“Esto es muy peligroso, la coordinación entre la Policía de Nicaragua, institución que controla Daniel Ortega, en una coordinación con la policía y la fuerza pública de Costa Rica”.
Según la defensa, se interpuso un recurso de Hábeas Corpus y se inició un proceso formal de extradición, a pesa de que intentaron explicarle a los tribunales de justicia de Costa Rica de que Nicaragua es señalado por Naciones Unidas y un Grupo de Expertos de violar Derechos Humanos.
“La defensa ha tratado de explicarle a los tribunales de justicia en muchas y en múltiples instancias, que en Nicaragua la justicia no está funcionando. Incluso la juzgadora de ellos es Gloria María Saavedra Corrales, la jueza del décimo distrito penal de Managua, que ha servido a la dictadura para hacer un montón de acciones en contra de opositores al régimen. En una búsqueda sencilla en Google uno puede ubicar más de 10 sentencias firmadas por ella condenando a opositores, incluso la última sentencia que firma es la confiscación de la UCA”, denunció Hernández.
Douglas Gamaliel Pérez ahora enfrenta en Nicaragua los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, además de crimen organizado y secuestro simple.
Mientras Reynaldo Picado sigue en la cárcel, en la última etapa del proceso de extradición y con una nueva solicitud de refugio que el gobierno de Costa Rica no ha resuelto.
“Le vamos a solicitar las mismas medidas que solicitamos con Douglas para que la Sala haga la valoración. Hemos señalado a la Sala Constitucional la posibilidad y el riesgo de tortura en Nicaragua y la Convención Internacional Contra la Tortura establece que ante la posibilidad del riesgo de tortura, el país debe detener cualquier acción de expulsión o de extradición”, confía Hernández.
“Si a nosotros nos trasladan a Nicaragua nos ponen en bandeja de plata al régimen para que nos asesinen”, dijo a Expediente Público.
“Ojalá que te dieran un solo tiro, pero no te matan de un solo tiro, allá existe la tortura, es lo primero que harán, hasta donde más pueda, lo llevan al hospital y lo regresan hasta que en una de esas uno muere”, indicó Picado vía telefónica desde su centro de detención y rechazó los cargos del cual lo acusan en Nicaragua.
Solicitantes de refugio en riesgo
Según el abogado Daguer Hernández, los opositores solicitantes de refugio corren el peligro de que les fabriquen acusaciones y que Costa Rica resuelva entregarlos a Nicaragua al no ser delitos políticos.
“Han estado sucediendo coordinaciones entre policías para enviar gente a Nicaragua, o sea la Policía de Nicaragua está coordinando con la policía de Costa Rica para aprehender a personas administrativamente. Lo ingresan a la cárcel de migración, determinan que no es solicitante de refugio porque tiene delitos en el país vecino y lo envían de vuelta a Nicaragua. Eso es un peligro que está sucediendo en este momento en Costa Rica”, advirtió el abogado.
En el caso de los desnacionalizados por Nicaragua y que viven en Costa Rica, Hernández considera que no corren riesgo de ser extraditados pues el mismo gobierno nicaragüense los desconoce como nacionales.