Voto por comida en farsa electoral de la Costa Caribe de Nicaragua, denuncia Urnas Abiertas
El observatorio ciudadano Urnas Abiertas denunció que En las últimas horas de la votación, se reportó que ante la baja afluencia de votantes el FSLN intensificó la estrategia de coacción del voto, lo que incluyó entrega de códigos, amenazas o presión a trabajadores del Estado. En estos comicios se ha destacado la movilización de votantes, tanto de personas externas a las regiones autónomas, como movilización interna entre los propios municipios o comarcas del Caribe.
En un segundo corte informativo de Urnas Abiertas sobre la jornada de observación ciudadana de las Elecciones Regionales 2024, señalan que “En algunos lugares se reporta que están entregando un plato de comida a las personas una vez que ejercieron su voto”, indican.
A través de sus estructuras políticas, el frente sandinista garantizó comida u otros beneficios a electores para contrarrestar la apatía que hay al participar en elecciones con falta de transparencia.
También denunciaron la entrega de códigos que se reportaron desde 8 municipios: Kukra Hill, Corn Island, Bluefields, Siuna, Desembocadura de Río Grande, Waspam, Paiwas y Prinzapolka.
En los barrios y comunidades, se movilizaron a adultos mayores mediante medios de transporte de instituciones públicas o pagos a transportistas. "Se reportó que las personas movilizadas fueron amenazadas con quitarles la pensión", indica el informe.
Respecto al uso de medios de transporte del Estado para movilizar a votantes del FSLN: Waspam, El Tortuguero, Bluefields, Desembocadura de Río Grande, Kukra Hill, Corn Island, La Cruz de Río Grande, Puerto Cabezas, Paiwas, El Tortuguero, Laguna de Perlas, Bonanza, Prinzapolka, Rosita y Siuna.
Las instituciones involucradas fueron: Policía Nacional, Minsa, Bomberos, Mefcca, Ministerio de la Familia, Ministerio de Educación, EPN, INSS, INATEC, Poder Electoral, Poder Judicial, gobiernos regionales, universidades regionales, gobiernos comunales y territoriales en 7 municipios: Bonanza, Prinzapolka, Puerto Cabezas, Rosita, Bluefields, Desembocadura de Río Grande y Laguna de Perlas.
En la movilización participaron las alcaldías de 14 municipios: Bonanza, Bluefields, Corn Island, Desembocadura de Río Grande, El Tortuguero, Kukra Hill, La Cruz de Río Grande, Laguna de Perlas, Paiwas, Prinzapolka, Puerto Cabezas, Rosita, Siuna y Waspam.
LEER MÁS: Organismos piden a comunidad internacional seguir fiscalizando a régimen de Daniel Ortega
"Los trabajadores de salud son un grupo que destaca entre las víctimas de persecución y presión del FSLN para acudir a votar, como son los mensajes enviados por autoridades del MINSA a los trabajadores de la salud del Policlínico
de Puerto Cabezas. Asimismo, se ha hecho manifiesto el traslado de enfermeras y enfermeros para obligarles a votar", reza el documento.
Por otro lado, también Urnas Abiertas documentó otra práctica para desincentivar el voto opuesto al oficialismo, a través de cambio repentino de CV a lugares alejados, amenazas y asedio policial a personas percibidas como opositoras. Algunas denuncias señalaron particularmente a los “kioscos tecnológicos” de informar a las personas de que no se encontraban en el padrón, incluso a pesar de haber votado en el mismo centro en elecciones anteriores.
En línea con la movilización forzada de estudiantes de las universidades (UNAN-Managua, UNAN-León, BICU, URACCAN), o del INATEC, se denunció que profesores de la carrera de Derecho de la BICU enviaron mensajes a estudiantes con la amenaza de reprobar sus cursos, en caso que no certificaran su participación en las elecciones. De manera similar, a los jueces sin nombramiento en Waspán se les indicó que su nombramiento en el puesto podría asegurarse si iban a votar.
Urnas Abiertas contó con la participación de más de 200 observadores en el terreno, quienes monitorearon más de 160 centros de votación en los 15 municipios que acudieron a las urnas electorales.
Pueblos indígenas denunciaron irregularidades
La Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (INANA) informó a través de un comunicado sobre las cuatro tendencias principales en las elecciones regionales siendo la primera el abstencionismo como forma de protesta.
“En las comunidades y las ciudades un alto porcentaje de la población no ha salido a votar, es una forma de protesta pacífica ante la falta de respeto a los derechos individuales y colectivos como la garantía efectiva del derecho de propiedad, el saneamiento, la violencia sistemática, la instrumentalización del proyecto de autonomía, la eliminación de opciones políticas propias y el avance de la colonización”, reza el documento que circula en redes sociales.
El segundo punto que destaca la plataforma de pueblos indígenas y afrodescendientes, es la presión ejercida para que la población salga a votar.
“Los trabajadores del Estado están listados por su superiores, quienes dan seguimiento y exigen reportar con fotos que han votado y se utilizan los bienes del Estado como vehículos y pangas para movilizar a las personas en las Juntas Receptoras de Votos donde hay fiscales que le dicen a los votantes dónde deben votar”.
La organización destaca también la asignación de códigos, que luego de votar se debían anotar sobre la boleta electoral. En algunos casos estaban obligados a poner su nombre en la boleta como una manera de identificar quién vota y a qué partido.
SEGUIR LEYENDO: Monteverde dice que no reconoce ningún proceso electoral en la Costa Caribe de Nicaragua
La tercera tendencia denunciada por la plataforma es la votación de colonos en territorios invadidos desde hace 20, 15 o 10 años “largas filas de colonos quienes votan en territorios invadidos en los municipios de Puerto Cabeza, Prinzapolka, Laguna de Perlas y Awaltara. Mientras los verdaderos indígenas no votaron”, reporta la organización.
La cuarta tendencia en las elecciones regionales es la militarización y alta presencia policial en los centros de votación, denunció la plataforma que llamó a la comunidad internacional a no aceptar resultados oficiales de estas elecciones.
“Son elecciones ilegítimas e ilegales, que tienen entre otras características la ausencia de observación electoral independiente e internacional, la ausencia de partidos políticos indígenas y la coacción del voto”, se lee en el documento.