ALBA tilda de "arbitraria" la sanción de EEUU a la procuradora general de Nicaragua

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) tildó de "arbitraria e injerencista" las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a la procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales, a quien el país norteamericano acusa de ser "cómplice" de la represión acometida por el mandatario Daniel Ortega.

En un comunicado difundido este sábado, la ALBA expresó su "más enérgico rechazo a la reciente imposición de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la procuradora general de la República de Nicaragua, Wendy Carolina Morales Urbina".

Esta "nueva decisión arbitraria e injerencista", a juicio de la alianza regional, "es una agresión que atenta contra la soberanía de dicho país, claramente violando los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional", y "solo busca alterar la estabilidad política y social de la hermana nación nicaragüense".

Por tanto, la ALBA exigió el respeto al "derecho de cada Estado soberano a gestionar sus asuntos internos, sin intervenciones extranjeras que vulneren su autonomía y su libre determinación", y llamó a la comunidad internacional a "denunciar este tipo de agresiones".

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El Departamento del Tesoro de EE. UU. bloqueó las cuentas y activos de Morales en el país norteamericano y prohibió hacer transacciones con ella porque "es un actor clave en la injusta persecución del régimen nicaragüense contra los presos políticos y la sociedad civil".

Morales ya fue incluida el año pasado en la llamada Lista Engel, con la que el Departamento de Estado señala a actores corruptos de Centroamérica, lo que le prohíbe entrar a territorio estadounidense.

Según la Administración de Joe Biden, la procuradora ha demostrado ser leal a Ortega y tiene un "gran poder" para determinar quién recibe las propiedades e inmuebles confiscados a presos políticos, organizaciones internacionales y medios de comunicación.

De hecho, Morales habría participado en el despojo de las propiedades de los 222 presos políticos que fueron excarcelados el año pasado y desterrados a EE. UU.

EE.UU. también considera que el nombramiento de Morales como procuradora general en 2019 fue ilegal dado que incumplió con el requerimiento de haber ejercido la abogacía durante los diez años anteriores al nombramiento.