Manuel Orozco recomienda penalizar a militares de Nicaragua y más presión para evitar sucesión dinástica

Manuel Orozco, Director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, presentó el informe: "Esfuerzos de Mitigación de Riesgos para la Radicalización y la Sucesión Dinástica en Nicaragua".

El informeinforme presentado este 3 de abril de 2024, identifica áreas de presión externa que la comunidad internacional puede utilizar para mitigar los riesgos asociados con el aumento de la radicalización y una sucesión dinástica dentro del gobierno nicaragüense. 

Orozco, identifica "tres componentes claves" que son "denunciar la falta de autoridad moral del gobierno; tender puentes con las fuerzas disidentes dentro del gobierno; y ejercer presión desde el exterior", se lee en el informe. 

Según el informe del Diálogo Interamericano, la dictadura de Daniel Ortega se sostiene gracias a cinco pilares. 

"El aislamiento internacional, el monopolio de la fuerza, la captura del Estado, la criminalización de la democracia y la propaganda. La fortaleza económica a través de la captura del Estado ha sido un área central de la fortaleza material", se lee en el documento publicado en el sitio web del centro de pensamiento. 

Según el documento el aislamiento efectivo y continuo de la comunidad internacional,  minimiza el escrutinio externo. 

"Además de eximir al país de las obligaciones legales internacionales, como las asociadas con la membresía en la Organización de Estados Americanos, el régimen también ha forjado alianzas con estados parias y ha convertido la migración en un arma como mecanismo para subvertir a otros actores internacionales, en particular a Estados Unidos", manifiesta el informe en alusión a las alianzas de la dictadura con Estados como Irán, China y ahora Rusia. 

Añaden que "el régimen ha debilitado continuamente el activismo cívico y las esperanzas de cambio de los nicaragüenses al utilizar el miedo y la detención como medio para contener la disidencia. La Democracia ha sido criminalizada a través de un marco legal que despoja a los nicaragüenses de sus derechos y los hace vulnerables a falsas acusaciones. El sistema se basa en un poder judicial que actúa  como un comisario político y ha subordinado la Constitución a la Ley de Autodeterminación como la Ley Suprema del País, que utiliza para reprimir, intimidar y expulsar", identificando así los patrones de control que penden sobre los nicaragüenses. 

Orozco, establece los roles de la policía y el ejército en los aparatos de control, ambas instituciones son pilares fundamentales para mantener a Ortega en el poder. 

"El régimen ha autorizado a la policía, a través de sus cuadros de inteligencia, a identificar a quienes violan la ley...las personas pueden ser detenidas por simples acusaciones o rumores de informantes, policías o funcionarios de Ortega Murillo", explica. 

Respecto a la captura del Estado, el experto identifica a miembros del ejército como una élite económica. 

"Dentro de las filas del régimen, que está ocupada por militares activos y retirados que emplean favores económicos, confiscaciones, extorsión fiscal y purgas internas cada vez más profundas de los disidentes del régimen (...) así como la expulsión de personas que ahora sostienen el 30% del ingreso nacional del país a través de las remesas", se lee en el informe. 

Entre estos pilares que sostienen a la dictadura sandinista se encuentra la violencia que emplea el régimen a través de las instituciones castrenses.

"Violencia ejercida por la policía y las fuerzas armadas, mientras se apoyan en una red de informantes, policías vestidos de civil, militantes seguidores y paramilitares. La fuerza policial y los informantes recopilan inteligencia, instruyen al poder judicial y ejercen la fuerza (incluida la profundización de las purgas internas del sistema). Además, el régimen cuenta con un ejército que continuamente subordina la lealtad a la Constitución al régimen", señala Orozco así, el papel de la policía y ejército.

El informe cierra el tema de los pilares que sostienen la dictadura explicando cómo trabaja la "maquinaria propagandística". 

"El régimen se basa en una maquinaria propagandística que infunde miedo y control social que trabaja codo a codo con un aparato represivo que persigue y detiene a civiles, en particular a las autoridades religiosas y a los líderes juveniles. Además de la policía, la maquinaria propagandística también utiliza informantes para infundir miedo e imponer acusaciones falsas que mantienen a raya a la población", indica el documento. 

Sanciones y penalizar a militares 

Manuel Orozco plantea que para revertir o mitigar el control político y económico por parte del régimen se debe presionar los pilares del régimen. 

"El debilitamiento implica desafiar la falta de autoridad moral del régimen, minimizar las fuentes materiales de control e incorporar a los disidentes al círculo para que reconozcan y promulguen reformas políticas", se lee en el informe que propone varias medidas.

"Se necesita presión política, material y diplomática", por lo que considera clave "hacer continuamente condenas más enérgicas a las acciones del régimen". Avizora que la represión continuará durante al menos tres años más, hasta 2026. "Es importante crear conciencia sobre la magnitud de este control totalitario", sostiene Orozco. 

Agrega que  es importante denunciar el nivel de captura estatal que prevalece en Nicaragua y el efecto que está teniendo sobre la corrupción, el enriquecimiento familiar y las actividades ilícitas. 

"La presión en el frente material es fundamental para garantizar la rendición de cuentas por las transgresiones cometidas por este gobierno e incluye sanciones, en particular contra quienes han autorizado detenciones arbitrarias y han supervisado la persecución política. Claramente, esto incluye a los actores dentro de la policía, el aparato de inteligencia y el actual jefe, Horacio Rocha, quien se ha convertido en la persona de mayor confianza dentro del círculo de poder", añade el informe.  

"Algunos infractores, a los ojos de la comunidad internacional, son autoridades de la Aviación Civil y de la Autoridad Aeroportuaria. Nicaragua se ha convertido en un arma y ha sido efectivamente responsable de la llegada de al menos 800.000 migrantes (150.000 de Haití y Cuba, así como ciudadanos "extracontinentales" y un gran contingente de ciudadanos nicaragüenses expulsados a la frontera con Estados Unidos desde agosto de 2020", denuncia Orozco en el documento. 

En el caso del Ejército de Nicaragua indica: "Los militares han sido leales y proactivos en el control político de entidades estratégicas y económicas, como la aviación. En particular, los militares retirados son cómplices de la captura y represión del Estado. Penalizar a los miembros de las fuerzas armadas, así como a las entidades que apoyan su modus vivendi, como el fondo de pensiones de las fuerzas armadas, es una medida clave de rendición de cuentas", responsabiliza directamente en el estudio.  

El informe destaca las violaciones a los derechos laborales de al menos 13 mil personas. 

"Otro ámbito de presión es sobre las violaciones laborales y ambientales del tratado CAFTA. Las violaciones son extensas y ocurren más allá de la zona franca. Por ejemplo, el cierre de las universidades ha puesto al menos a 2.000 personas sin trabajo y el cierre del sector sin fines de lucro despidieron al menos a otros 10.000 trabajadores. Los despidos (sin indemnización) de trabajadores del sector judicial afectaron al menos a 900 personas", denuncia Orozco. 

La medida de llevar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por varios motivos, también integra el informe. 

"Estos motivos incluyen la violación del derecho internacional como la Convención contra la Tortura. El tipo de aislamiento y encarcelamiento que se lleva a cabo a los líderes cívicos y religiosos se eleva a la tortura según la convención", indica Orozco. 

En cuando a las presiones diplomática, Manuel Orozco considera que "es de vital importancia comprometerse y coordinarse con el Vaticano, los Estados Unidos, la Unión Europea y otros estados claves, incluidos los miembros de la Organización de Estados Americanos, para presionar y diseñar una transición política para Nicaragua. 

Según el experto, el grupo de trabajo de la OEA sobre Nicaragua, mismo que no obtuvo permiso del régimen sandinista para ingresar al país, "puede dar forma a una agenda interamericana para la democracia en Nicaragua con el liderazgo de varios de sus miembros", se lee.