Dirección Alterna de Conflictos (DIRAC) pasa a PGR, le restan funciones a Poder Judicial en Nicaragua
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó con amplia mayoría pasar la Dirección Alterna de Conflictos, (DIRAC), a manos de la Procuraduría General de la República, restando de esta forma atribuciones a la Corte Suprema de Justicia, (CSJ).
En lo general, la iniciativa de “Ley de creación de la Procuraduría Nacional para la defensa de la libre competencia y de Resolución Alterna de Conflictos” fue aprobada con 91 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La enmienda enviada con carácter de urgencia por el dictador Daniel Ortega, no necesitó debate de Ley siendo aprobada de forma expedita.
Según la Iniciativa, la creación de la Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos, busca salvaguardar los derechos del pueblo nicaragüense, al garantizar la eficiencia del mercado y el bienestar de los consumidores, mediante el fomento de la cultura de la competencia, la prevención, la prohibición y sanción de prácticas anticompetitivas.
Respecto a la DIRAC, el documento señala que la nueva “Procuraduría del Pueblo”, contribuirá a la solución de los conflictos, a través de un sistema que promoverá el diálogo y la comunicación.
“La presente Ley tiene por objeto crear la PROCURADURÍA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, Y DE RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS, como ente sin solución de continuidad del Instituto Nacional de Promoción de la Competencia denominado PROCOMPETENCIA Y de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC), bajo la rectoría de la Procuraduría General de la República”, reza el artículo 1 de la iniciativa.
Establece que dicho ente será dirigido por un procurador nacional, quien tendrá a su cargo Procompetencia y la DIRAC.
Enfatiza que Procompetencia es un ente con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, con autonomía administrativa y presupuestaria, bajo la rectoría de la Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría Nacional.
La Ley señala que la Procuraduría Nacional se financiará con recursos del Presupuesto General de la República.
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En el Artículo 4 establece que la adscripción de la DIRAC a la Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos, será sucesor sin solución de continuidad.
“Por Ministerio de la presente Ley, se transfiere a la Procuraduría General de la República de Nicaragua, los recursos financieros, patrimoniales, bienes muebles e inmuebles, vehículos, equipos y sistemas informáticos y de oficina, mobiliarios, y cualquier otro bien que estén inscritos a nombre del Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia en los que actualmente opera la Dirección de Resolución Alterna Conflictos (DIRAC), y sus dependencias a nivel nacional o sea intrínseco a las funciones que realiza”, indica el documento.
También señala que los compromisos financieros adquiridos por la Corte Suprema de Justicia, con relación a la DIRAC, correspondiente al presupuesto anual 2024, deberá continuar garantizando la correcta ejecución de sus obligaciones pasivas y activas.