Expresidente Rodríguez: "Costa Rica no puede ser cómplice de Ortega Murillo"

Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica (1998-2002), criticó la extradición de Gamaliel Álvarez Morales hacia Nicaragua, un líder campesino que huyó de la persecución del régimen de Daniel Ortega, buscó refugio en Costa Rica pero fue entregado por este país a la dictadura. 

Rodríguez criticó que aún esté en trámite, una solicitud de extradición para Reynaldo Picado Miranda, otro líder campesino, y una orden de captura pendiente contra Gabriel Leónidas Putoy Cano, un docente de matemáticas opositor al régimen.

"Costa Rica no puede ser cómplice de Ortega y Murillo en sus violaciones a los derechos humanos de su pueblo. Esos procesos deben ocuparnos a todos los amantes de los derechos humanos para impedir que Costa Rica contribuya a la violación de las libertades fundamentales de ciudadanos nicaragüenses", cuestiona Rodríguez, en un artículo de opinión publicado en la plataforma digital Diario La Américas. 

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"Los dos primeros (Gamaliel y Reynaldo Picado) son dirigentes campesinos que han enfrentado al régimen de Ortega y Murillo y se vieron obligados a dejar su patria después de las violentas represiones del gobierno de Nicaragua contra las manifestaciones de abril de 2018 con saldo de 355 muertos. Solicitaron condición de refugiados que les fue negada en 2019. El profesor de matemáticas Putoy Cano fue preso político de la dictadura por casi un año y obtuvo su calidad de refugiado en nuestro país en abril de 2023", contextualiza Rodríguez. 

El expresidente Rodríguez, solicitó que el gobierno de Chaves de "claras instrucciones" a los cuerpos policiales, para que no se entregue a los refugiados o aspirantes de refugiados. "La primera preocupación y solicitud, y la más urgente conclusión de estos hechos, es la necesidad de asegurar que a una dictadura como la de nuestros vecinos nunca se conceda apresar y menos entregar a una persona por una simple solicitud policial. Mi solicitud es al gobierno para que de una clara instrucción a todos los cuerpos policiales de que esa sería una seria violación a los derechos humanos que no se puede dar en Costa Rica", escribió Miguel Ángel Rodríguez. 

La segunda solicitud, el expresidente la hizo a la Interpol, en cuya página, de un total de 6811 personas en las noticias rojas de Interpol, 69 son de Nicaragua. 

"Esto es el 1,01% del total. Compárese esa cifra con la población nicaragüense respecto al mundo que es de solo 0,09%. ¡La demanda de arrestos a Interpol por parte de Nicaragua es más de once veces mayor a su proporción de la población del mundo!", comparó el analista. Y añadió que "Nicaragua no tiene una tasa de criminalidad común alta. Los homicidios dolosos por 100.000 habitantes en Nicaragua son con mucho más bajos que en Belice, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana", explicó el expresidente Rodríguez, evidenciando que el régimen de Daniel Ortega está utilizando la plataforma de interpol para alcanzar a sus perseguidos en el país que se los permita. 

Recordó que el artículo 3 de la Constitución de Interpol señala "proteger a las personas contra posibles persecuciones...Evidentemente esto no se está dando en relación con las solicitudes de Nicaragua. Esto amerita una acción del gobierno de Costa Rica ante Interpol para solicitar corregir esa circunstancia, y obliga a ser especialmente estrictos en cuanto a las demandas que Interpol haga a solicitud de Nicaragua para extradición de sus nacionales", indicó el ex funcionario. 

Una tercera solicitud del expresidente la basó en el Artículo 31 que mandata a Costa Rica como un país de asilo para todo perseguido político."Mi petición a la Corte Suprema de Justicia es que se instruya la radical aplicación de este artículo en caso de solicitudes del gobierno de Ortega y Murillo. Las acciones violatorias de los derechos humanos de ese régimen son evidentes, públicas y notorias, y constan en múltiples declaraciones de la OEA y de Naciones Unidas", añadió el expresidente. 

Miguel Ángel Rodríguez le recordó a Costa Rica, que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas reafirma "El Gobierno de Nicaragua sigue perpetrando graves violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos, equivalentes a crímenes de lesa humanidad, por razones políticas...", según se lee en el informe.