EEUU debe aplicar sanciones más fuertes para frenar tráfico de migrantes promovido por Daniel Ortega

Tras las sanciones impuestas por Estados Unidos a empresarios colombianos, por facilitar transporte marítimo de migrantes hacia Nicaragua, activistas políticos y defensoras de Derechos Humanos, creen que se deben tomar medidas más integrales contra este flagelo.  

En el último año se ha popularizado una ruta a través de la isla caribeña de San Andrés hasta las costas de Nicaragua, evitando la peligrosa selva del Darién. 

El Gobierno de Estados Unidos canceló  visados de varios empresarios colombianos por estar facilitando el transporte marítimo de migrantes que buscan llegar de "manera irregular" hacia el país norteamericano.

La defensora de Derechos Humanos Haydée Castillo, cree que sanciones como las aplicadas a los empresarios marítimos colombianos, no incidirán en la problemática del tráfico de personas.  

Aunque sostiene que el tráfico de personas es una estrategia que el dictador Daniel Ortega usa como un mecanismo de presión en contra de diferentes países de destino de migrantes, también comparte que se requieren medidas estructurales que arraiguen a las poblaciones.

“El problema de la migración es un problema estructural que pasa desde el modelo de desarrollo de lugares donde se está promoviendo la minería, el extractivismo de los recursos naturales, de los medios de vida, que hace cada vez más vulnerable a la población. Sumado al problema del incremento de regímenes de corte autoritario que limitan las libertades de las personas”, explicó Castillo a 100% Noticias. 

“Yo no creo que sean suficientes esos mecanismos de sanciones a empresarios, sino que esto requiere una estrategias mucho más integral, que también contribuyan a fortalecer las libertades, la defensoría y la promoción de los derechos humanos, porque hoy en día los intereses económicos, extraer los recursos como digamos el oro, extraer el litio, deforestar, promover el monocultivo, todo eso es un modelo de desarrollo que está expulsando a las poblaciones de sus territorios”, apuntó Castillo. 

Para Ivania Álvarez, integrante de Urnas Abiertas, Estados Unidos como uno de los principales socios económicos de Nicaragua, puede presionar más para evitar que Nicaragua sea un corredor de migrantes ilegales. 

“Creo que siendo Estados Unidos el mayor socio de Nicaragua puede generar sanciones más fuertes o más contundentes a nivel de empresas. Entonces, habrá que ver si están realmente interesados en golpear al régimen con esta fuente de recursos que se ha hecho el traficar migrantes, pues ya vimos la gran cantidad de haitianos, venezolanos, colombianos, que pasan por el territorio de Nicaragua y que sabemos con claridad que es una red que trafica hasta México”, comentó Álvarez a 100% Noticias.

Añadió que migrantes cubanos, venezolanos, haitianos, entre otros, mencionan a Nicaragua como una ruta que pasa por el resto de Centroamérica, México y Estados Unidos. Ya es de conocimiento público y lógicamente el gobierno estadounidense tendrá que implementar otras medidas.

"Creo que se puede hacer más y habrá que ver la voluntad política que tienen de romper algunas relaciones comerciales”, expuso Álvarez. 

El opositor Félix Maradiaga, aseguró que frenar el tráfico humano, que es un grave delito internacional, solo es posible con la colaboración de los estados. 

“Por eso para Estados Unidos y para la comunidad internacional, es fundamental lograr que el estado de Nicaragua se vuelva a insertar en los esfuerzos regionales de prevención, como lo hacía antes”, aseguró.  

Maradiaga agregó que el primer paso para prevenir la trata de personas y enjuiciar a los traficantes es reconocer la complejidad del delito. 

“Las estrategias contra la trata deben estar integradas en cada área de política, desde mejorar la educación de las mujeres en los países de origen, para que las niñas sean menos vulnerables a la trata, hasta aumentar el salario de la policía en los países de destino, para que los oficiales sean menos susceptibles a la corrupción”, ejemplificó el opositor nicaragüense. 

Analistas señalan que mientras no se apliquen sanciones más severas en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes son los principales beneficiados de las redes de tráfico humano establecidas en Nicaragua, la dictadura seguirá obteniendo dividendos y afectando gravemente la seguridad nacional y la seguridad de la región.