Daniel Ortega busca alinear el SICA al bloque chino-ruso, según opositores nicaragüenses
"La candidatura del señor Jaentschke se aleja de los valores sobre los que fue fundado el SICA, y no se ajusta a los estándares establecidos en los documentos constitutivos del organismo regional que pretende representar", argumentó Monteverde en un comunicado
La opositora Concertación Democrática Nicaragüense (CDN-Monteverde) informó este lunes que pidió a los cancilleres de Centroamérica no elegir como nuevo secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) a un candidato del Gobierno que preside Daniel Ortega porque, a su juicio, alinearía a ese organismo al bloque chino-ruso.
"Consideramos que otorgar el cargo a un representante del régimen de Nicaragua pondría en riesgo la seguridad de la región centroamericana, al involucrarla en un conflicto global", señaló en una declaración ese movimiento opositor nicaragüense en el exilio.
La CDN-Monteverde, integrada por opositores desnacionalizados por las autoridades nicaragüenses, entre otros, sostuvo que el Gobierno sandinista "está alineado con el bloque chino-ruso en el contexto de una nueva Guerra Fría" con Occidente.
"Recordamos a sus excelencias las funestas consecuencias que en el pasado acarreó esta misma alineación en la anterior Guerra Fría, que trajo como consecuencia la muerte de miles de ciudadanos centroamericanos" en la década de 1980, advirtió.
Rechazan al exvicecanciller Valdrack Jaentschke
En particular, esa agrupación opositora se opone a que se elija como nuevo secretario general del SICA al ministro asesor para políticas y asuntos internacionales de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, a quien la oposición identifica como un agente de inteligencia y un operador político leal al Gobierno sandinista, y quien es uno de los tres candidatos propuestos por Ortega.
"El señor Jaentschke ha sido por años un vocero internacional que respalda y justifica las políticas represivas y la violación a los derechos humanos de los nicaragüenses por parte del régimen Ortega-Murillo", aseguró.
La CDN-Monteverde observó que esas "violaciones han sido extensa y debidamente documentadas por organismos internacionales y grupos de expertos del sistema interamericano y de Naciones Unidas", y cuyas violaciones van en contra del espíritu del Protocolo de Tegucigalpa y del Tratado Marco de Seguridad Democrática, instrumentos creadores del SICA.
"La candidatura del señor Jaentschke se aleja de los valores sobre los que fue fundado el SICA, y no se ajusta a los estándares establecidos en los documentos constitutivos del organismo regional que pretende representar", argumentó.
Además, los opositores nicaragüenses recomendaron a los cancilleres de Centroamérica "tener en cuenta las sanciones que Estados Unidos y otros donantes del SICA les han impuesto a ciudadanos nicaragüenses por actuaciones, características y responsabilidades similares a las del señor Jaentschke, por lo que, de ratificarlo en el cargo, se corre el riesgo de que el secretario general del SICA aparezca en la lista de sancionados por la Ley Magnisnsky global o las particulares para Nicaragua".
La CDN-Monteverde dijo "que lo mejor para la región centroamericana es no alinearse con intereses foráneos y que el SICA vele por sus legítimos intereses".
Los candidatos de Nicaragua
La Secretaría General del SICA se encuentra vacante desde que a mediados de noviembre de 2023 el abogado nicaragüense Werner Vargas renunció al cargo para el período 2022-2026, para el que fue nombrado a propuesta de Nicaragua.
Posteriormente, el presidente Ortega propuso a su ministro asesor para políticas y asuntos internacionales, Valdrack Jaentschke, como nuevo secretario general del SICA y culminar el período que le corresponde a Managua.
Los otros dos candidatos del Gobierno nicaragüense son, en ese orden, Violeta Irías Nelson, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y la diputada oficialista Irís Marina Montenegro Blandón.
El SICA, creado en Tegucigalpa en 1991, lo integran Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana como miembros de pleno derecho, mientras que México, Estados Unidos y otros países tienen la categoría de observadores regionales.
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