Excarcelados y Colectivo de Derechos Humanos denuncian en EPU que la represión no cesa en Nicaragua

Las organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua aprovechan El Examen Periódico Universal (EPU), de este 2024, para evidenciar que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, elude estas herramientas internacionales y no atiende las recomendaciones. 

El Colectivos de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), describieron este martes 27 de agosto, en la pre-sesión del cuarto ciclo del EPU, los graves patrones represivos que Ortega y Murillo utilizaron contra la ciudadanía en los últimos años. 

“Las detenciones arbitrarias, el encarcelamiento y la criminalización siguen siendo parte de la estrategia implementada por el Estado de Nicaragua para perseguir a quienes considera opositores. Entre abril de 2018 y abril de 2024, se registraron 4,650 incidentes de detenciones arbitrarias, según organizaciones de la sociedad civil, pero más de 2090 personas han permanecido detenidas por motivos políticos”, explicó el GREX. 

Según el GREX, La policía nacional, el poder judicial, el ministerio público y el sistema penitenciario, actúan en conjunto para la comisión de graves violaciones a derechos humanos, acompañados de la inoperancia cómplice por parte de la defensoría pública y la procuraduría para la defensa de los derechos humanos.

El grupo de excarcelados destacó que actualmente hay al menos 151 personas privadas de libertad por razones políticas, “entre ellas 126 hombres y 25 mujeres. Reconocemos que las cifras son superiores, el subregistro ha ido aumentando por el miedo a la denuncia impuesto por el gobierno, en la que deben incluirse decenas de detenciones de trabajadores del Estado encarcelados arbitrariamente”, detallaron en su informe. 

Denuncian secuelas de excarcelados

El Grupo de Reflexión denunció que el régimen sandinista destruyó la vida de las personas excarceladas “han sufrido hostigamiento,  destrucción de sus sistemas de vida, exilio, desnacionalización, y destierro, imponiéndoles de facto la muerte civil. Las y los que continúan en Nicaragua, enfrentan el riesgo de ser recapturados, al menos 79 han sido reencarcelados en los últimos años. Tres fueron asesinados posterior a su excarcelación, otros tres han sido atacados en incidentes que han puesto en riesgo sus vidas”, reportó la organización.

Las repercusiones en la salud de presos y excarcelados es parte del informe “dos han quedado en estado parapléjico producto de su encarcelamiento, dos han muerto bajo custodia del Estado. Muchos fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas extremas que dejaron secuelas graves y permanentes en las víctimas. Algunos desarrollaron hipertensión, diabetes, perdieron piezas dentales, uñas, y audición, sufrieron lesiones en la cabeza producto de golpizas brutales en su detención, uno resultó con VIH positivo tras la violación que sufrió detenido”, indica el informe presentado. 

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más exigió al régimen que Nicaragua investigue los crímenes de lesa humanidad. También pidió que se deroguen las leyes represivas que criminalizan la defensa de derechos humanos y espacio cívico.

Salvador Marenco, abogado del Colectivo Nicaragua Nunca Más, se refirió en su intervención al cierre del espacio cívico a través de la cancelación y confiscación de más de cinco mil organizaciones sin fines de lucro.

“Solo en este año se han cancelado más de 1,700 organizaciones, principalmente a partir del nuevo modelo de ‘Alianza de Asociación’, sujetando las pocas que queden a que todos sus proyectos sean aprobados por el Ministerio del Interior y desarrollarlos solo de forma conjunta con el Estado”, dijo Marenco.