Reformas al Código Penal y vigilancia de remesas tienen fines de represión política por parte de Ortega

Las recientes reformas al Código Penal de Nicaragua que impulsara la dictatura de Daniel Ortega, así como las regulaciones anunciadas para las remesas que ingresen al país tienen fines de control y hostigamiento, asegura el abogado constitucionalista Uriel Pineda a 100% Noticias. 

El régimen, a través de los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional, reformó la Ley 977 o Ley contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Así mismo, aprobaron la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero, la cual otorga nuevas funciones a la UAF para vigilar y reportar operaciones “sospechosas” tanto de personas naturales como jurídicas, de transferencias electrónicas, remesas y proveedores de servicios de activos virtuales. En el código penal establecieron la cadena perpetua para el lavado de dinero. Además, de poder juzgar en ausencia a nicaragüenses y extranjeros que estén fuera del país.

El régimen aplica el delito de lavado de dinero a opositores, como la ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro, quien estaba a cargo de la  extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro y al gerente del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann. Acciones de índole políticas.

Según Pineda hay varias medidas que ya se estaban aplicando y que solo las incluyeron en un marco legal. Todas estas disposiciones, cree el especialista, son una reacción al llamado de un grupo de abogados argentinos, que solicitó a la Justicia de su país que cite a declaración indagatoria y se libre orden de detención y captura internacional contra el dictador Daniel Ortega y la vicepresidenta, Rosario Murillo.

"Es una reacción a lo ocurrido en Argentina y la prueba de esto, para los juristas en términos generales es la Jurisdicción Universal. Es justamente lo que está ocurriendo en Argentina, donde se procesa a alguien por crímenes contra la humanidad, independientemente de su ubicación.  Daniel Ortega trata de negar esta realidad, y ubicar como criminales a quienes le critican, por eso considera  que puede enjuiciar o procesar a los detractores del régimen. Las reformas al Código Penal van orientadas a todas estas personas que no han sido alcanzadas todavía por estas medidas represivas como la privación de la nacionalidad y es una amenaza para los que acogimos otra nacionalidad", indica el abogado, quien fue desnacionalizado junto a otros centenares de nicaragüenses.

Las reformas al Código Penal, según el experto, señala a quienes fueron desterrados o forzados al exilio, también están dirigidas a "los de adentro", e incluso hasta los funcionarios públicos. 

"Viene a reforzar el control a lo interno, se hace énfasis en el tema de los delitos contra la administración y se incluye un tipo penal para quienes ejerzan su función sin autorización, ahí lo que viene a hacer es una amenaza para el sector público, para todos los empleados públicos", comentó Pineda. 

Con las reformas del Código Penal, el régimen de Ortega se encuentra en una "cacería de brujas", de activistas que puedan seguir trabajando dentro del país. 

"Cualquier relación de colaboración que pueda haber entre alguien en Nicaragua y personas que estén fuera de Nicaragua, tratan de identificar esa colaboración, habrá periodistas que trabajan de forma encubierta o algún activista que se encuentre documentando lo que ocurre dentro, y que pueda estar recibiendo algún tipo de apoyo  por parte de organizaciones de sociedad civil. Quieren cortar todas estos vasos comunicantes", Opina el abogado. 

Una de las reformas, sobre el principio de universalidad, establece que las leyes penales nicaragüenses serán también aplicables a los nicaragüenses o extranjeros que hayan cometido fuera del territorio nacional algunos de los delitos siguientes: lavado de activos, terrorismo y su financiamiento, proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento, crimen organizado, y piratería. Al respecto Uriel Pineda considera que esto no surtirá el efecto deseado de Ortega. 

"La posibilidad es muy limitada porque Ortega no tiene credibilidad, nadie le cree, y en segundo lugar muchos de estos actores sociales políticos que ya están fuera de Nicaragua y que hacen actividad desde el exterior, han sido sujetos de protección internacional, es decir son asilados o refugiados, y cuando se le concede ese estatus a una persona es porque su libertad individual, su integridad física y hasta su propia vida está protegida. Entonces esta política solo confirma la persecución que tiene el régimen contra estas personas, por tanto se vuelve jurídicamente improcedente", explicó el legalista. 

Respecto a estas reformas, Pineda considera que tienen un efecto disuasivo para quienes hacen activismo a lo interno, y un intento de tratar de cortar cualquier lazo de colaboración con opositores que están fuera del país. "Los tipo penales asociados al lavado de dinero, tiene que ver con el rol que pueden jugar amistades o familiares respecto del patrimonio de personas que han sido desnacionalizadas, refrendar a lo interno el control y la lealtad de la institución pública y sus funcionarios". 

Pineda indica que estas reformas se producen porque "el régimen reacciona al temor de que vuelva haber una insurrección popular en Nicaragua, una ola de protestas como las que hubo en 2018, donde pueda perder el control y esto te hace suponer también que están pensando en un contexto de transición, es decir, ante un una salida de la escena pública de Ortega, se cree o se espera que haya alguna reacción y que pueda incluso salirse de control, entonces se están adelantando a situaciones y están tratando de dotar de herramientas jurídicas esta nueva estrategia represiva.

Uriel Pineda también se refirió sobre las reformas y adiciones a la  Ley No. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero, UAF,  que otorga nuevas funciones para vigilar, reportar operaciones “sospechosas” tanto de personas naturales como jurídicas, de transferencias electrónicas, remesas y proveedores de servicios de activos virtuales. 

"Igual que las reformas al Código Penal, La finalidad política principal es tratar de sistematizar o identificar personas que a lo interno de Nicaragua permanecen organizadas colaboran o informan y que trabajan con diferentes actores sociales que están fuera de Nicaragua", indicó al respecto. 

Según el experto, tratan de identificar núcleos de familia y de personas, que están siendo beneficiadas por la remesas, y así tiene un mayor control social, "esto permite saber incluso quién tiene mayor capacidad adquisitiva etcétera, y eso sirve para la toma de decisiones en el ámbito represivo", sostiene el constitucionalista.

Pero además, Pineda identifica un objetivo políticos "es una herramienta de castigo de castigo para los familiares de las personas que han sido voces críticas. Tratan de identificar y extender ese castigo a estas personas, afectar a sus familias", indicó el abogado.

Según el régimen, las reformas a la ley contra lavado de dinero es una recomendación del Grupo de Acción financiera internacional GAFI y del Grupo de Acción financiera latinoamericana.

Sobre esto, Uriel Pineda considera que el régimen tiene habilidad para desvirtuar los obligaciones internacionales o figuras jurídicas y en este caso financiera. 

"Realmente es para usarlo como arma represiva contra las demás personas o los detractores, los controles antilavado van esencialmente sobre actividades inusuales o actividades injustificadas, pero 100, 200 o 300 dólares que pueda enviarse a un núcleo familiar, y que se haga de manera recurrente, no entra en una actividad de alerta, porque no es es una cantidad que exceda las necesidades de sobrevivencia de un país", comentó.

Las repercusiones sobre estas reformas mantiene preocupado a un amplio sector que recibe remesas familiares del extranjero, las que podrían ser robadas por el régimen si la califica de sospechosa. 

"Definitivamente va a quedar a discrecionalidad del régimen y lo va a usar como un arma política. A mí me preocupa el impacto que puede haber en el núcleo familiar de personas que ya son perseguidas políticamente, también pueden afectarlos a sus familiares que quedaron en el país", dijo a 100 % Noticias.

"Las remesas que reciben estas familia no son cantidades significativas, sino las necesarias para asumir los gastos básicos como renta, servicios, alimentación. El congelamiento de una remesa crearía una crisis de iliquidez, las personas que sobreviven de esa remesa estarían obligadas a migrar", opinó el abogado.