El húngaro Reed Bródy, el "cazador de dictadores", investigará para la ONU abusos Ortega y Murillo

El abogado húngaro Reed Bródy, conocido como el 'cazador de dictadores', fue nombrado este jueves nuevo miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, encargado desde hace dos años de investigar posibles abusos contra las libertades fundamentales en el país centroamericano.

Bródy, quien sustituirá en estas funciones a la colombiana Ángela María Buitrago, que presentó su dimisión, fue nombrado miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua por el presidente del Consejo de Derechos Humanos, el embajador Omar Zniber (Marruecos).

El nombramiento de Bródy se produce tras la renuncia de Buitrago como integrante del Grupo de Expertos, creado por el Consejo de Derechos Humanos en 2022 para investigar “todas las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018", indicó la Oficina de la ONU en un comunicado de prensa.

Es conocido como el 'cazador de dictadores'

El abogado húngaro "ha trabajado durante 40 años en la vanguardia del movimiento de derechos humanos, desempeñando un papel facilitador en transiciones democráticas, construyendo y ayudando a establecer ONG sólidas, creando mecanismos de la ONU para luchar contra los abusos, descubriendo atrocidades y llevando a sus perpetradores ante la justicia", destacó el organismo.

Actualmente se desempeña como comisionado de la Comisión Internacional de Juristas y como abogado en la práctica privada.

"Bródy tiene una amplia experiencia sobre Nicaragua. Su investigación de 1984 descubrió las atrocidades cometidas por los "Contras", respaldados por Estados Unidos contra civiles nicaragüenses, y las conclusiones de su investigación fueron utilizadas como prueba en el caso de la Corte Internacional de Justicia sobre actividades militares y paramilitares en el país", resaltó la Oficina de la ONU.

Ha impartido cursos sobre responsabilidad por crímenes internacionales en la Facultad de Derecho de Columbia y en la Facultad de Derecho de la Universidad Americana de Washington.

Actualmente es miembro del Consejo Asesor del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos, de la Junta de Democracia para el Mundo Árabe y es el presidente de la Asociación Rose Lokissim que apoya a las víctimas de abusos y atrocidades en su búsqueda de la justicia en África.

Bródy se suma a Jan-Michael Simon (Alemania), presidente, y a Ariela Peralta (Uruguay), como miembro del Grupo de Expertos.

Señala a Ortega de cometer crímenes de lesa humanidad

En su última actualización al Consejo de Derechos Humanos en su 57º período de sesiones, el 10 de septiembre pasado, el Grupo de Expertos advirtió que la situación de los derechos humanos en Nicaragua empeoró drásticamente desde el año pasado, y que el Gobierno del presidente Daniel Ortega "seguía facilitando, coordinando y ejecutando graves violaciones y abusos de los derechos humanos".

El Consejo de Derechos Humanos ha solicitado al Grupo de Expertos que presente un informe escrito para presentarlo durante el 58º período de sesiones, que se celebrará en febrero y marzo de 2025.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua fue creado el 31 de marzo de 2022 por medio de la resolución 49/3 en la que se decidió establecer un órgano para examinar a fondo las violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018.

También para establecer hechos, identificar a los responsables, preservar pruebas, hacer recomendaciones para mejorar los derechos humanos y el acceso a la justicia, y colaborar con las diversas partes interesadas en apoyar los esfuerzos de rendición de cuentas.

El 3 de abril de 2023, el Consejo de Derechos Humanos prorrogó el mandato del Grupo de Expertos hasta el 31 de marzo de 2025.

En sus informes, este grupo ha acusado al presidente Ortega, a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, así como otros altos cargos, de violaciones graves de los derechos humanos que constituirían crímenes de lesa humanidad.

Tales crímenes incluirían ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, así como una fuerte censura que impide a los ciudadanos participar en los asuntos públicos, expresarse, reunirse o ejercer su libertad de conciencia y religión.