Ortega y Murillo violan autonomía universitaria y persiguen a académicos, según informe del Grupo de Expertos de ONU
Uno de los principales puntos del informe es la violación de la autonomía universitaria, señalando que el régimen ha desmantelado la autonomía de las universidades nicaragüenses, ejerciendo un control directo sobre su administración
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo viola la autonomía universitaria y persigue a estudiantes y académicos en Nicaragua, según el informe presentado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En el marco del 55° período de sesiones del Consejo de DD.HH, el GHREN presentó el informe titulado: "Violaciones y abusos de los derechos humanos a la educación, la libertad académica y otros derechos fundamentales contra estudiantes, docentes, directivos académicos y otro personal universitario", que documenta graves violaciones de derechos humanos, especialmente en el sector educativo.
Uno de los principales puntos del informe es la violación de la autonomía universitaria, señalando que el régimen ha desmantelado la autonomía de las universidades nicaragüenses, ejerciendo un control directo sobre su administración y decisiones académicas.
Dicho control afecta tanto la libertad de cátedra como el libre desarrollo de investigaciones, reduciendo las universidades a instituciones bajo supervisión gubernamental.
Expulsión y Persecución de Estudiantes y Académicos
Otra violación identificada está relacionada con la expulsión de estudiantes y despido de docentes que participaron en las protestas de 2018 o expresaron opiniones críticas hacia el régimen.
El informe describe estos actos como represalias directas, con el gobierno utilizando la intimidación para sofocar la disidencia. “Muchos académicos y estudiantes han sido perseguidos y amenazados, generando un clima de autocensura”.
El informe también subraya la alarmante práctica de privación arbitraria de la nacionalidad a ciertos ciudadanos, especialmente a aquellos considerados opositores.
“Esta práctica de ‘apátrida forzada’ también conlleva restricciones a la libertad de circulación, ya que algunos afectados no pueden regresar al país o ven limitadas sus opciones de residencia en el extranjero”, señala.
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La represión sistemática es catalogada como un crimen de lesa humanidad, dada la naturaleza generalizada y deliberada de los abusos. Esto incluye asesinatos, encarcelamientos arbitrarios, torturas y otras formas de trato inhumano.
El informe insta a la comunidad internacional a tomar en cuenta estas prácticas y a tomar medidas para proteger los derechos de los nicaragüenses.
Destaca, además, que, a pesar de las reiteradas solicitudes, “el gobierno nicaragüense no ha cooperado con la investigación ni ha permitido acceso al país”.
En conclusión, el documento subraya la represión en el ámbito universitario como una estrategia del gobierno para eliminar espacios de disidencia.
Para el informe, el Grupo de Expertos entrevistó a 130 personas y analizó documentos, videos y testimonios.
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