Dora María Téllez: "Rosario Murillo está apurada" ante posible muerte de Daniel Ortega

Dora María Téllez, excarcelada política desterrada y exguerrillera, asegura que hay un "apuro"  de la dictadura en reformar la constitución política, señalando que su principal objetivo es institucionalizar la sucesión familiar, asegurando el poder entre el núcleo de la familia Ortega-Murillo, ante la eventual ausencia de Daniel Ortega.

"Desde hace meses se está moviendo el proceso sucesorio. Daniel Ortega ya no elabora coherentemente el pensamiento, dispara por un lado y para otro, no tiene energía física, es una persona enferma, pero también es una persona anciana, puede salir de circulación en cualquier momento", dijo en entrevista a la periodista Lucía Pineda Ubau. 

Desde su destierro, añadió "a mí me da la impresión de que quien más acelerada está es Rosario Murillo, ella no debería tener problemas, pero probablemente tenga  el temor de que no necesariamente quede como presidenta, tenga el temor de a quién pueden nombrar vicepresidente, que tendría que ser un diputado y ella lo resuelve forzando el establecimiento de esta presidencias, donde prácticamente ella ahora ya tiene todo el poder real y todo el poder formal, ya está en manos de Rosario Murillo, se guardan bajo la manga la posibilidad de nombrar vicepresidente a cualquiera de sus hijos", considera Téllez. 

La también historiadora considera que la reforma constitucional, que ha sido calificada de ilegítima por la Organización de Estados Americanos (OEA), representa un cambio profundo en la estructura política de Nicaragua. 

Rosario Murillo insegura

Según Téllez, el principal motor de esta aceleración es la inseguridad de Rosario Murillo sobre su capacidad para controlar el poder político en el futuro. Aunque, actualmente, ejerce el poder formal y real en el país, la reforma busca asegurar que ella sea la sucesora automática e indiscutible de Daniel Ortega en caso de su desaparición política o física.

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Uno de los aspectos claves de esta reforma es la implementación de la figura de la "copresidencia", que en la práctica dejaría a Rosario Murillo en una posición privilegiada para asumir la presidencia de forma inmediata. 

Téllez señaló que este movimiento está claramente dirigido a garantizar que el poder permanezca en manos de la familia, incluso en el caso de una eventual ausencia de Ortega. Además, este cambio constitucional tiene implicaciones más profundas para la estructura del gobierno, incluyendo la eliminación de la independencia de los poderes judiciales y las municipalidades, así como la creación de una dictadura bicéfala que institucionaliza el control familiar sobre el país.

En sus declaraciones, Téllez, también mencionó la creciente represión en el país, reflejada en la reforma que otorga rango constitucional a los paramilitares, elevándolos a una posición de poder dentro del sistema. 

“La reforma no solo blinda la sucesión familiar, sino que también otorga a los paramilitares un papel constitucional, lo que confirma el carácter represivo del régimen”, agregó la excarcelada política. Según Téllez, este movimiento no solo es un intento de consolidar el poder, sino también una confesión implícita de la participación activa del régimen en crímenes de lesa humanidad, especialmente desde la represión de las protestas de 2018.

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La historiadora abordó la ampliación del período presidencial a seis años "la Rosario Murillo siente que necesita ganar tiempo, que no haya elecciones en el 2025 ni en el 2026, sino en el 2027...siente que no tiene las condiciones para suceder a Daniel Ortega aunque formalmente y realmente ejerza el poder total",comenta Téllez.

Eliminan convenios de Derechos Humanos

Además, destacó las medidas que buscan desmarcar al país de las organizaciones internacionales de derechos humanos. La reforma propone, por ejemplo, la eliminación de los convenios internacionales en materia de derechos humanos de la Constitución, lo que, según Téllez, es un claro intento de los Ortega-Murillo de salirse del sistema que los ha condenado por sus violaciones a los derechos humanos. 

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Según la analista, es un signo del aislamiento progresivo del régimen, que ya ha cortado la relación con instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Iglesia sin vínculos extranjero

Dora María destaca que el régimen también aspira a controlar las iglesias del país, con una reforma que prohíbe los vínculos con organizaciones extranjeras. 

Esto sería un paso hacia la creación de una "iglesia nacional" que dependa directamente de la pareja presidencial. 

"Prohíben que las iglesias tengan vínculo con una matriz extranjera, o sea la Iglesia Católica va a tener que cortar relaciones con el Vaticano, están pretendiendo que las iglesias dependan directamente de ellos...influir posteriormente en el nombramiento de un obispo al gusto de ellos, y en el caso de las Asambleas de Dios, que tienen una conexión con las Asambleas de Dios a nivel internacional, implica cortar los vínculos", advirtió la analista.

Paramilitares con rango constitucional

El análisis, de Téllez, también aborda la creciente militarización del régimen. La reforma constitucional otorga funciones policiales al Ministerio del Interior y al Ejército le otorga funciones policiales. 

"Convierten al Ministerio del Interior en un órgano policial armado, lo ponen como parte de las Fuerzas de Defensa y Seguridad y está como como órgano policial. Elevan a paramilitares a rango constitucional, porque le da seguridad y confiesan que toda la acción de los paramilitares en la represión desde 2018 a la fecha, incluso antes de 2018, ha estado siendo realizada bajo órdenes de la Jefatura de la Policía Nacional, o sea coloca a los paramilitares directamente bajo la órdenes de Daniel Ortega", considera Téllez.

Subrayó que estas reformas son una estrategia que refleja la creciente inseguridad del régimen ante posibles protestas o disturbios, dada su falta de apoyo popular y el creciente aislamiento internacional.

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La exguerrillera se refirió al caso de Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del FSLN, Carlos Fonseca Amador. Junto a su esposa y otros integrantes del FSLN están presos y desaparecidos. El grupo de amigos de Terán, conocidos como "La Comuna", fueron condenados a 10 años de cárcel. Como a muchos otros militantes los han purgado y esta es otra de "las inseguridades de Murillo". 

"(A Carlos Fonseca Terán) ya  lo fundieron en un proceso expedito sin derecho a la defensa, eso es un indicador de un trauma. Dentro del Frente Sandinista están persiguiendo a los antiguos funcionarios del Estado, judicializando, encabezando recortes institucionales... y eso tiene un precio y ellos (la dictadura) lo saben".

Sobre la instauración de la bandera rojinegra como símbolo patrio, la analista dijo "la bandera de Nicaragua es la bandera azul y blanco y punto..odian la bandera de Nicaragua porque también la ven como un símbolo de protesta, un símbolo de quienes rechazan el modelo de dictadura de los Ortega Murillo", apuntó.

Téllez, también, analizó el impacto de las sanciones internacionales, particularmente las sanciones individuales que afectan directamente a la familia Ortega-Murillo. 

Aseguró que la reforma busca blindar a los sancionados de posibles nuevas medidas. En la Ley especial para protegerse de sanciones obligan a bancos a abrir las cuentas a funcionarios sancionados.

Las sanciones internacionales, según Téllez, han golpeado el núcleo del poder, y la reforma es un intento desesperado por protegerse.