Aprueban ilegítima reforma constitucional que oficializa dictadura matrimonial en Nicaragua

Con 91 votos a favor, la mayoría sandinista en la Asamblea Nacional aprobó una reforma total a la Constitución Política de Nicaragua. La reforma, impulsada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, redefine el marco jurídico del país, consolidando el control absoluto del régimen bajo el concepto de un "Estado Revolucionario".

Imponen el "Estado Revolucionario"

Según el dictamen emitido por la Comisión Especial, la nueva Constitución se presenta como una modernización y actualización del modelo político instaurado en 1987, adaptándose, según el régimen, a las "necesidades y aspiraciones del pueblo soberano".

“La soberanía, la independencia, la seguridad y la paz son derechos irrenunciables del pueblo nicaragüense y fundamentos de la nación", argumenta el documento, destacando la importancia de un modelo de participación directa para combatir la pobreza y las desigualdades.

“El devenir histórico y las transformaciones sociales, económicas y políticas del país demandan reformas que adecuen el contenido de la norma fundamental a las necesidades y aspiraciones del pueblo soberano para seguir evolucionando en la revolución”.

La reforma también se justifica como un reconocimiento a las "gestas históricas de héroes y heroínas", en línea con los principios revolucionarios del Frente Sandinista.

Durante el debate, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea y diputado sandinista, defendió la aprobación al asegurar que vivimos en un mundo donde todo el mundo habla de guerra.

“Todo el mundo habla de guerra pero nosotros insistimos en hablar de paz, de unidad, de fraternidad y la Comisión Especial Constitucional se caracterizó por eso por la unidad, la hermandad entre los nicaragüenses entre las fuerzas políticas representadas en esta Asamblea que revisamos y discutimos la iniciativa de ley en un ambiente como debe ser entre los nicaragüenses de hermandad”.

“En el mundo se habla de ataques, de guerra, de armas, de conflagración nuclear y en Nicaragua hablamos de desarrollo, de bienestar, de porvenir, de paz, de seguridad y vamos avanzando”.

Porras: Constitución refleja los intereses de las clases dominantes

En el discurso, Porras dijo que la Carta Magna siempre ha reflejado los intereses de las clases que ejercen el poder en cada momento histórico.

“Paz, significa el respeto a la Constitución Política de Nicaragua porque por eso se llama Constitución es la base fundamental sobre la que se construye el país, sobre la que nos constituimos y representa sin duda alguna los intereses de las clases que están dominando”, expresó.

Agrega “La Constitución conservadora, en su tiempo, representaba los intereses de la oligarquía conservadora. Fue necesaria una revolución liberal para mandarla al carajo y restituir derechos al pueblo”, afirmó, señalando que la transformación de la Constitución es inherente a los cambios de poder y a las luchas sociales.

El diputado sandinista subrayó que en Nicaragua el poder soberano radica en el pueblo, el cual lo ejerce a través de la democracia directa, un modelo que, según él, está plasmado y fortalecido en la nueva Constitución.

De esta manera, Porras intentó justificar las reformas como un acto legítimo de transformación histórica en beneficio del pueblo. Al señalar que la Constitución ha sido históricamente una herramienta de las clases dominantes, enmarca la reforma actual como una continuación de las luchas revolucionarias y de la soberanía popular. Sin embargo, esta narrativa contrasta con las críticas que denuncian la reforma como un mecanismo para consolidar el poder autoritario de la familia Ortega-Murillo, restringiendo libertades fundamentales y eliminando la independencia de los poderes del Estado.

La Asamblea Nacional controlada por mayoría absoluta por los diputados sandinistas, les bastó solamente 48 horas para emitir un dictamen favorable a la reforma que modifica 135 artículos y deroga otros 38 de la actual Constitución de Nicaragua.

Estos son los principales cambios aprobados por los legisladores en primera legislatura, y en el primer trimestre de 2025 en segunda legislatura.

Elimina separación de poderes

Primero se establece en el Capítulo II, artículo 132, que la Presidencia de la República dirige al Gobierno y como Jefatura de Estado coordinará a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y regionales y municipales.

También que la Presidencia es la Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior.

Una presidencia con dos copresidentes 

Además que la Presidencia estará integrada por un copresidente y una copresidenta, que ejercerán sus funciones por un período de seis años, y podrán nombrar vicepresidentes sin ser elegidos por el voto popular.

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Para ser candidatos a copresidentes tienen que haber residido de forma continua en Nicaragua los seis años anteriores a la elección, no haber sido declarados "traidores a la patria", o no haber adquirido otra nacionalidad, con lo que se inhibe a los principales dirigentes de la oposición que fueron excarcelados, desterrados y desnacionalizados en febrero de 2023.

Estado-Partido

Ahora Nicaragua es un Estado "revolucionario", libre, soberano, independiente, que reconoce a la persona, la familia y la comunidad como protagonistas de la "democracia directa", intenta convencer el presidente de la Asamblea Nacional. Agregan que el poder revolucionario lo ejerce el pueblo de forma directa, y el pueblo ejerce el poder del Estado a través de la Presidencia de la República que dirige al Gobierno y coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, fiscalía de cuentas y los entes autónomos.

También se incluye como símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el Gobierno desde 2007.

Crea Policía Voluntaria

Asimismo oficializa la Policía Voluntaria como un cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional que, según opositores y organismos humanitarios, son fuerzas parapoliciales y paramilitares que actuaron con la aquiescencia del Estado en la denominada 'Operación Limpieza' con la que el Gobierno neutralizó las manifestaciones que estallaron en 2018.

La Presidencia podrá además ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional, cuando la estabilidad de la República lo requiera.

Vigilancia a medios y organizaciones religiosas

El Estado de Nicaragua también vigilará que los medios de comunicación social no sean "sometidos" a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas que atenten contra los derechos de los nicaragüenses.

Asimismo, se establece que "el Estado es laico y asegura la libertad de culto, fe y prácticas religiosas en estricta separación entre el Estado y las iglesias". Sin embargo, la enmienda advierte que "al amparo de la religión, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público, y que "las organizaciones religiosas deben mantenerse libres de todo control extranjero".

Desconocerán sanciones externas

Por otro lado, señalan que "ninguna medida violatoria del derecho internacional" tomada por Estados, grupos de Estados o gobiernos extranjeros en contra de instituciones, funcionarios y/o personas nicaragüenses tendrá validez para el Estado nicaragüense.

En ese sentido, la reforma constitucional propone considerar traidores a la patria a todos aquellos que atenten contra la independencia, la soberanía, la autodeterminación nacional, la seguridad y la paz de Nicaragua.

Nuevo orden multipolar y EE.UU.

Además, este nuevo Estado de Nicaragua estará a favor de un nuevo orden multipolar "basado en la hermandad, solidaridad, complementariedad, cooperación, igualdad y respeto entre los Estados".

Nicaragua también reitera la "validez y fuerza legal de todas y cada una de las consideraciones y resoluciones emitidas por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en su histórica sentencia del 27 de junio de 1986 sobre las 'Actividades Militares y paramilitares en y contra de la República de Nicaragua', en concordancia con el Derecho Internacional la legislación nicaragüense", en la que se condenó a Estados Unidos.

"El Estado de Nicaragua tiene el derecho de ejecutar las acciones necesarias para garantizar el pleno cumplimiento de esta histórica sentencia", señala la iniciativa.

Con información de EFE