Nicaragua endurece control sobre ONG: Nueva ley restringe cooperación internacional

El dictador Daniel Ortega presentó una ley que regula la cooperación de organismos no gubernamentales (ONG), agencias de cooperación y misiones diplomáticas acreditadas en el país. Esta normativa obliga a dichas entidades a alinearse con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para poder operar en territorio nicaragüense.

La iniciativa fue enviada a la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional para su dictamen y respectiva aprobación en 48 horas, esta normativa es impulsada por el propio Ortega, en la cual se establece que todas las gestiones y consultas de las ONG deberán realizarse exclusivamente ante el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX).

El control estatal sobre las ONG y la cooperación internacional

Según el texto oficial, el objetivo de la ley es “regular las acciones de cooperación que desarrollan los organismos, agencias de cooperación y misiones diplomáticas acreditadas en Nicaragua”. 

El documento enfatiza que la cooperación internacional deberá llevarse a cabo sin condicionamientos políticos, económicos, sociales o culturales, respetando la soberanía, independencia y autodeterminación de Nicaragua, así como las leyes nacionales y los principios del derecho internacional.

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Además, se especifica que los proyectos y actividades de cooperación deberán alinearse con las prioridades, planes, programas y estrategias nacionales definidos por el régimen Ortega-Murillo.

“La cooperación que se brinde deberá estar conforme a las prioridades nacionales y alineada a los planes, programas y estrategias nacionales establecidas por el Gobierno de la República de Nicaragua”, agrega el documento oficial.

Facultades del Ministerio de Relaciones Exteriores en la nueva ley

La normativa otorga al MINREX el papel de Autoridad Competente, con las siguientes facultades principales:
1.    Velar por el cumplimiento de la presente Ley.

2.    Acreditar a los Organismos, Agencias de Cooperación y Misiones Diplomáticas.

3.    Ser el único canal de comunicación del Gobierno con los Organismos, Agencias de Cooperación y Misiones Diplomáticas que brindan cooperación.

4.    Solicitar a los Organismos, Agencias de Cooperación y Misiones Diplomáticas, informes periódicos de la ejecución de los programas y proyectos sujetos a la cooperación internacional.

5.    Formular las recomendaciones que considere oportunas, para asegurar la correcta ejecución de las actividades y proyectos financiados por la cooperación internacional.

6.    Proponer a la Presidencia de la República mecanismos de coordinación interinstitucional para la implementación de los proyectos que se desarrollan con la cooperación internacional.

7.    Cualquier otra que le sea asignada por la Presidencia de la República y Leyes vigentes.

Con esta ley, el régimen de Ortega fortalece su control sobre la cooperación internacional, limitando la autonomía de las ONG y consolidando su influencia en las actividades de cooperación que se desarrollan en el país.

Desde diciembre de 2018, más de 3.600 organizaciones no gubernamentales han sido ilegalizadas. La disoluciones en su mayoría de estas entidades fueron aprobadas en Managua por la ministra del Interior, María Amelia Coronel mediante acuerdos ministeriales que posteriormente fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.

El pasado 2 de septiembre, Daniel Ortega afirmó que Estados Unidos intentó "acabar" con su Gobierno durante las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018. Según Ortega, en ese supuesto complot, EE.UU. habría preparado, entrenado, organizado y utilizado a las ONG para desestabilizar el país. No obstante, el mandatario no presentó pruebas que respaldaran sus acusaciones, aunque aseguró que dichas entidades habrían empleado "tecnología" para lanzar ataques contra el pueblo nicaragüense.

Nicaragua atraviesa una profunda crisis política y social desde abril de 2018, la cual se intensificó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021. En dichos comicios, Ortega fue reelegido para un quinto mandato –el cuarto consecutivo–, en un proceso marcado por la detención de sus principales contendientes. Posteriormente, el régimen los expulsó del país, les privó de su nacionalidad y les suspendió sus derechos políticos, acusándolos de "golpistas" y "traición a la patria".