Corte IDH anuncia audiencia, Nicaragua en desacato permanente y Arturo Cruz desiste del caso

La Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH, declaró al Estado de Nicaragua en "desacato permanente", a las medidas provisionales, dictadas a favor de 9 presos políticos, y de una larga lista de exiliados, desterrados, así como de sus familias.

La organización defensora de derechos humanos, convocó a una audiencia pública el próximo 4 de febrero de 2025, en la sede de la Corte en San José, Costa Rica, para tratar la implementación de dichas medidas, de las que Daniel Ortega y Rosario Murillo han hecho caso omiso.

"Que la posición asumida por Nicaragua y la inobservancia de lo ordenado en las resoluciones... constituye un desacato permanente a la  obligatoriedad de las decisiones adoptadas por este Tribunal, contrario al principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe, y un incumplimiento al deber de informar al Tribunal... lo que pone en una situación de desprotección absoluta e incrementa la situación de riesgo de los beneficiarios", indica la resolución. 

La resolución aborda el incumplimiento por parte del Estado de Nicaragua, respecto a las medidas provisionales ordenadas anteriormente, en favor de decenas de opositores, disidentes, activistas y defensores de derechos humanos.

La Corte establece que Nicaragua ha incumplido de manera continúa las resoluciones emitidas entre 2021 y 2024, lo que constituye un desacato a las decisiones del Tribunal, incumplimiento que genera desprotección para los beneficiarios, aumenta el riesgo a su integridad.

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"...Referidos al riesgo que enfrentan las personas que ejercen algún tipo de oposición al Gobierno de Nicaragua, no solo se mantiene vigente, sino que ha empeorado con el paso del tiempo. Ello implica que  existe una situación de especial riesgo y vulnerabilidad no solo para las personas  pertenecientes a la oposición o identificadas como opositoras, sino también para las  personas que ejercen algún rol de liderazgo percibido como crítico al actual gobierno", se lee en la resolución. 

La declaratoria agrega que, a pesar de beneficiar a los demandantes con medidas provisionales "los ciudadanos han sido judicializados y encarcelados en procesos llevados a cabo, sin las debidas  garantías judiciales, bajo tipos penales que habrían sido utilizados como retaliación (venganza) por su  participación real o percibida en la oposición", reza el documento.

En esta declaración, se dio a conocer que el opositor Arturo Cruz, excarcelado y desterrado político, desistió de su demanda ante la Corte IDH. "El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, en su calidad  de representantes del señor Arturo José Cruz Sequeira, informó a la Corte que éste último manifestó su deseo de desistir de las medidas provisionales adoptadas en su favor, por motivos personales...La Corte acogerá la solicitud del señor Cruz Sequeira, hecha a través de sus representantes", indica la resolución. 

También, se dio de baja de estas resoluciones, al general en retiro Hugo Torres, quien murió durante el encierro político; y a Michael Healey, quien murió once meses después de haber sido desterrado hacia Estados Unidos. 

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La última declaración mantiene las medidas provisionales en favor del grupo extenso de personas (con más de 100 beneficiarios), especialmente para aquellos privados de libertad, quienes requieren ser liberados inmediatamente.

La Corte, expresó su preocupación por la falta de cumplimiento de Nicaragua con las resoluciones emitidas en varias fechas, lo que afecta la protección de los derechos de los beneficiarios, e instruyó a la presidenta de la Corte, a presentar un informe ante el Consejo Permanente de la OEA, para que este organismo exija el cumplimiento de las medidas por parte de Nicaragua. 

La Corte, incluirá en su próximo informe anual sobre el incumplimiento de Nicaragua, en las resoluciones emitidas, informando a la Asamblea General de la OEA. 

La Corte IDH, además, ordena a Nicaragua que garantice la liberación inmediata de los beneficiarios detenidos, su acceso a alimentos, salud y comunicación con sus abogados y familiares, y que se asegure de que los abogados tengan acceso completo a la información judicial relacionada con estos casos.