Régimen de Ortega envía ley que prohíbe el uso de drones cerca de la Presidencia y otras instituciones del país

El dictador Daniel Ortega envió recientemente a la Asamblea Nacional, una  ley que prohíbe el uso de drones sobre áreas estratégicas del país, como la Presidencia de la República, la sede del Ejército, la Policía Nacional, y otras instituciones vinculadas con la seguridad y el control del régimen. Esta medida ha sido recibida como una respuesta a la creciente paranoia del gobierno ante el uso de estos dispositivos para recopilar información sobre sus actividades.

La ley, que regula el uso de medios aéreos, navales y terrestres no tripulados, establece controles estrictos sobre el uso de drones y otros vehículos no tripulados en todo el territorio nacional. Según la propuesta, las personas naturales y jurídicas deberán entregar todos los medios no tripulados que posean al Ministerio del Interior en un plazo de 30 días desde la entrada en vigor de la ley. Aquellos que no lo hagan se enfrentarán a acciones administrativas y judiciales.

La nueva legislación prohíbe específicamente, el sobrevuelo de drones sobre las siguientes áreas: la Casa Presidencial, las sedes de los órganos del Estado, la Comandancia General del Ejército, la Jefatura Nacional de la Policía, el Ministerio del Interior, infraestructuras críticas y unidades militares y policiales. Esta restricción se extiende a las zonas de aeronáutica restringida y cualquier área considerada de interés estratégico por el gobierno.

En declaraciones para 100% Noticias, el ambientalista exiliado Amaru Ruiz, comentó que, aunque desde 2014 existían regulaciones sobre el uso de drones que superaran los 30 metros de altitud, con esta nueva ley se establece una prohibición total sobre el uso de estos dispositivos por parte de personas naturales o jurídicas. “El régimen lo que hace con esta ley es una prohibición total de drones, y evidentemente, solo van a poder existir aquellos que estén autorizados por el presidente”, señaló Ruiz.

Ruiz, destacó además la limitación de uso, y la obligación a los propietarios de drones a entregarlos al Ejército de Nicaragua en un plazo de 30 días. 

“El régimen no quiere tener ninguna posibilidad de que se acceda a información sobre ellos, sobre sus bases, sobre sus operativos. Evidentemente, los drones pueden evidenciar la situación de sus cárceles, propiedades, o incluso sus cuarteles, y eso representa un riesgo para el gobierno”, agregó el también director de la Fundación del Río.

La iniciativa también propone la creación de una Oficina de Registro y Control de Medios Aéreos, Navales y Terrestres No Tripulados, que dependerá directamente del Ministerio del Interior. Esta oficina se encargará de supervisar el cumplimiento de la nueva legislación y gestionar el registro de todos los medios no tripulados en el país.

La ley ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad, pues, según los críticos, esta medida no solo responde a un temor del régimen de perder control sobre su imagen y actividades, sino también a una creciente sensación de vulnerabilidad ante la posibilidad de que imágenes obtenidas por drones puedan ser utilizadas en su contra. Como señaló Ruiz, la legislación presentada por Ortega y Murillo refleja la creciente paranoia del régimen ante la posibilidad de que se expongan sus operaciones y actividades secretas.

Un usuarios de drones en la capital se mostró indignado al hablar del tema "los usamos para producir videos recreativos, estamos claros qué podemos hacer y qué no con los drones, comprarlos es una inversión, ahora solo falta que me los quiten porque los quieren usar ellos", dijo desde el anonimato. 

Según el informante, un dron no se puede obtener de forma legal en Nicaragua, las tiendas que comercializan tecnología en el país no los ofertan "Uno los manda a pedir y se las arreglan para entregártelo. El precio de un dron de calidad regular puede andar en 500 dólares, hasta de 3 mil dólares, los de mayor alcance", comentó la fuente.