Daniel Ortega se indemniza 22 millones de dólares, tras nacionalización de sancionada DNP Petronic
El régimen de Daniel Ortega declaró de "seguridad soberana" y "de interés nacional" los inventarios de combustibles y productos derivados del petróleo de la Empresa Distribuidora Nicaragüense de Petróleo, S.A. (DNP), transfiriéndolos al Estado nicaragüense; es decir ahora el pueblo nicaragüense debe pagar a la familia Ortega-Murillo la suma de 22 millones de dólares.
A través del Acuerdo Ministerial No. 005-2024, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) informa que todos los inventarios de la DNP pasan a ser propiedad del Estado.
“La Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), emitió Dictamen Legal con referencia MHCP-DAL-0311-07-2024 de fecha 23 de julio del año 2024, donde, de conformidad a las Leyes que regulan la Administración Financiera y del Régimen Presupuestario y de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley N° 477, "Ley General de Deuda Pública" y su Reglamento y sus reformas, se pronunció positivamente con la no objeción para continuar con el trámite de cumplimiento de pago”, reza el documento.
Además, la Procuraduría General de la República de Nicaragua (PGR), brazo represor del régimen sandinista, también emitió el dictamen legal PGR/WM-07-2024, en fecha 08 de octubre de 2024, en el que confirma el traspaso o entrega de la totalidad de estos inventarios al Estado de la República de Nicaragua, de parte de la Empresa Nicaragüense de Petróleo, S.A (DNP).
“Nace una obligación de pago a cargo del Estado de la República de Nicaragua, a favor de DNP”, señalan.
Detalles de la transferencia y pago
El acuerdo firmado el 4 de diciembre por el ministro Bruno Gallardo y publicado en La Gaceta el 17 de diciembre de 2024, detalla que el traspaso de los inventarios de la DNP genera una obligación de pago por parte del Estado hacia la empresa por un monto de 22.237.121 dólares.
“Autorizar a la Dirección General de Crédito Público, para que de conformidad al Dictamen PGR/ WM-07-2024 de la Procuradora General de la República, Incorpore y Registre como Deuda Pública Interna del Estado de la República de Nicaragua, la cantidad de Veintidós millones doscientos treinta y siete mil ciento veintiún dólares (US$22,237,121.00), conforme las condiciones financieras referidas en el Acuerda segundo del presente Acuerdo Ministerial”, reza el documento.
Este monto será incorporado como deuda pública interna y se pagará mediante la emisión de bonos.
Hacienda estableció que estos bonos tendrán una tasa de interés anual del 4,17 % y estarán denominados y pagaderos en dólares estadounidenses. Además, el pago de intereses será semestral, mientras que el capital se amortiza al vencimiento.
El acuerdo también establece que la deuda se incorporará al Presupuesto General de la República de cada año.
De empresa pública a deuda pública
El economista nicaragüense Enrique Sáenz calificó como fraudulenta la reciente operación del régimen Ortega-Murillo por considerarla una maniobra para confundir los intereses familiares con los públicos.
Sáenz recordó que la DNP era originalmente una empresa pública, pero que, bajo circunstancias poco claras, pasó a convertirse en una propiedad privada gestionada por personas cercanas al régimen.
“Primero, esta era una empresa pública, estatal, y sin saber cómo apareció como propiedad privada de la familia en el poder, gestionada incluso por hijos y una nuera que estuvo a cargo de la gerencia”, dijo Sáenz a 100%Noticias.
El economista cuestionó que, tras años operando como un activo privado vinculado al círculo del poder, la DNP haya sido transferida nuevamente al Estado mediante un acuerdo ministerial. Según Sáenz, este movimiento carece de transparencia y responde a una estrategia para trasladar los costos de la operación a los contribuyentes.
“Ahora aparece que se ha entregado al Estado y simplemente ellos mismos se recetan el monto y la forma de pago”, dijo.
Sáenz denunció que no existen mecanismos independientes de control para determinar el valor real de los inventarios nacionalizados, ya que el proceso está dirigido por instituciones alineadas con el régimen.
“No hay allí ninguna forma de control para establecer cuál es el valor, porque todos son sirvientes de la dictadura, tanto en el Ministerio de Hacienda como en la Procuraduría. Simplemente se trata de una operación mafiosa donde ellos se apropian primero de propiedad pública, después aparece de nuevo como propiedad pública y lo que queda es una deuda pública”, sostuvo.
El economista también señaló que esta deuda pública, estimada en 22 millones de dólares, será pagada mediante bonos emitidos por el Estado. Para Sáenz, esto significa que los costos de la operación recaerán directamente sobre la población nicaragüense.
“Al final, los paganos de la fiesta son los bolsillos de los nicaragüenses: contribuyentes, empresarios, etcétera, que tienen que cargar con esta deuda”, enfatizó.
Sanciones a DNP
El primer golpe lo dio Estados Unidos a mediados de 2018, al emitir sanciones económicas contra el entonces directivo de Petronic, DNP y Albanisa (filial de Petróleos de Venezuela S.A., Pdvsa), Francisco López, quien es asesor de Ortega y tesorero del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
López fue sancionado por violaciones a los derechos humanos y corrupción, y recibió un castigo similar por parte de Canadá, a finales de 2018.
En 2019 las sanciones se extendieron de forma directa a la DNP, Inversiones Zanzibar S.A., y Servicios de Protección y Vigilancia El Goliat.
En el caso de DNP, era una empresa propiedad del hijo de Ortega y Rosario Murillo, Rafael Ortega Murillo.
Orígenes de DNP
La Empresa Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP) fue fundada en 1999 por el consorcio suizo-británico Glencore, que inicialmente arrendó los bienes de la estatal PETRONIC. Durante el gobierno de Arnoldo Alemán (1997-2002), Glencore obtuvo una concesión para la distribución de combustible por diez años (1999-2009). Sin embargo, en 2009, el régimen de Daniel Ortega decidió no renovar el acuerdo, dejando los activos de Glencore en manos de la DNP como una empresa privada.
Lo polémico del caso radica en que, tras la cancelación de la concesión, se esperaba que la DNP volviera al control estatal, considerando que operaba con bienes originalmente pertenecientes a PETRONIC. Sin embargo, el 23 de septiembre de 2009, el entonces ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, anunció que las operaciones de Glencore en Nicaragua habían sido adquiridas por PETRONIC con un financiamiento de la cooperativa ALBA-Caruna, parte del grupo Alba de Nicaragua (ALBANISA).
Según Rappaccioli, “fue un préstamo de Caruna”, lo cual fue confirmado por la misma cooperativa y Glencore. Por 50 millones de dólares, ALBA-Caruna adquirió los activos de Glencore en DNP.
Investigaciones publicadas por Confidencial y La Prensa en 2012 y 2015 revelaron irregularidades en el manejo de DNP. Aunque el régimen aseguró que los bienes de DNP volverían al Estado tras la salida de Glencore, documentos del Registro Público de Managua mostraron que tres sociedades privadas fueron creadas para adquirir los activos de la empresa: DNP Internacional, S.A., DNP Internacional de Nicaragua, S.A. y Nica Petrol, S.A.
Adicionalmente, según el Registro Mercantil de Granada, los reportajes identificaron a José María Enríquez Moncada como titular de 800 acciones de DNP, mientras que José Mojica Mejía y Aura Cecilia Toruño Porras poseían 100 acciones cada uno. Estas personas tienen vínculos significativos con el régimen Ortega-Murillo, lo que sugiere que la estructura de propiedad de DNP benefició a allegados del poder, en lugar de garantizar el control estatal prometido.