Nicaragüenses en Washington exponen la represión del régimen Ortega-Murillo ante la Oficina de Comercio de EEUU

Luego de que la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) iniciara una investigación sobre los actos, políticas y prácticas relacionados con los derechos laborales, los derechos humanos y el Estado de derecho en Nicaragua, la oposición informó que participará en las audiencias públicas que se realizan en Washington.

En una nota de prensa, la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) explicó que dos integrantes de su directorio político testificarán sobre la represión que comete el régimen Ortega-Murillo contra los derechos laborales y humanos, lo cual desincentiva el comercio, la inversión y está aislando a Nicaragua.

El testimonio de Rosalía Miller, en representación de la CDN, y el de Juan Sebastián Chamorro, miembro del Directorio Político de la CDN, quien testificará a título personal, son parte de una veintena que la USTR recibirá durante la audiencia. En su primera fase, este proceso recibió 148 denuncias escritas.

“Nosotros aprovechamos cada oportunidad como esta para sentar nuestra posición sobre la urgente necesidad de restaurar la institucionalidad democrática en Nicaragua, pues sin ella no hay posibilidades de inversiones sanas que generen empleos estables. Bajo el modelo actual, el Estado de derecho es sustituido por el favor y la coima. Esto imposibilita la relación comercial en condiciones de equidad para cualquiera que tenga empresas en Nicaragua o realice transacciones comerciales con el país”, dijo el secretario ejecutivo de la CDN, Eliseo Núñez Morales.

Por otro lado, Juan Sebastián Chamorro considera que los testimonios le darán al panel de especialistas las pruebas para entender el patrón represivo generalizado que aplica el régimen Ortega-Murillo, sin importar la nacionalidad de sus víctimas.

“Este patrón afecta el comercio con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, y cualquier consecuencia que la investigación genere en el Cafta será responsabilidad exclusiva de la dictadura por su política represiva”, expresó Chamorro.

Se espera que después de las deliberaciones iniciales se realice la presentación de las recomendaciones finales, etapa que tomará varios meses. La CDN explicó que ese informe final que recibirá el presidente Donald Trump puede estar listo en el segundo semestre de este año.

Jóvenes de AUN testifican

Otros que participaron fueron los activistas Lesther Alemán, Dolly Mora, Miguel Flores y Yubrank Suazo, de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN). 

Explicaron que como organización presentaron 22 testimonios y comentarios en la sección 301 como testigos directos de las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.

“Consideramos fundamental llevar nuestras voces y experiencias a un foro internacional para que la comunidad internacional comprenda la gravedad de la situación que enfrentamos”.

Resaltan que a través de nuestra participación buscan no sólo denunciar las injusticias, sino también instar a una revisión de las relaciones comerciales con Nicaragua. 

“Es imperativo adoptar una postura firme que promueva la libertad y el respeto por los derechos humanos, enviando un mensaje claro contra las graves violaciones a los derechos humanos de la dictadura de Ortega y Murillo en nuestro país”, indicaron en un comunicado de prensa.

La representante comercial de los Estados Unidos, Katherine Tai, dijo a través de un comunicado que la investigación “se llevará a cabo de conformidad con la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, en su forma enmendada”.

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Esta normativa autoriza al presidente estadounidense a tomar todas las medidas apropiadas, “no solo represalias basadas en aranceles, sino también no basadas en aranceles, para abordar cualquier acto, política o práctica injustos de un gobierno extranjero que signifique una carga para el comercio de los Estados Unidos”.

El comunicado de la Oficina del Representante Comercial de Washington menciona que “numerosos informes creíbles del Gobierno de Estados Unidos, así como de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua”, documentan que el régimen de Ortega-Murillo incurre en violaciones de los derechos laborales y los derechos humanos y en el desmantelamiento del Estado de derecho.