El hombre que ejecutó a su caballo, es un agresor indultado por el régimen de Daniel Ortega
Rizo, fue condenado en 2021 a tres años por tentativa de homicidio contra su padre, pero fue liberado a los dos meses por una jueza, una decisión que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones de Estelí
Darwin de Jesús Rizo Castillo, el hombre arrestado tras la muerte de su caballo, es una persona peligrosa con un largo historial delictivo, así lo informa la plataforma digital de noticias Despacho 505.
En un desfile hípico realizado en Jinotega el 20 de octubre, Rizo desfiló con su equino. Esa misma noche le disparó y lo dejó desangrándose.
La imagen del caballo muerto circuló en redes sociales y generó una condena general. Al cabo de unas horas la policía no tuvo más remedio que regresarlo a la cárcel, donde debería estar pagando otros delitos cometidos anteriormente.
El historial delictivo de Darwin Rizo, de 36 años, incluye al menos diez procesos judiciales, la mayoría relacionados con violencia y amenazas. Ayer 28 de octubre se presentaría ante el Juzgado Local Penal de Jinotega por el caso de maltrato animal.
Rizo, fue condenado en 2021 a tres años por tentativa de homicidio contra su padre, pero fue liberado a los dos meses por una jueza, una decisión que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones de Estelí.
Desde 2013, ha acumulado acusaciones por diversos delitos, incluyendo violencia y amenazas de muerte, muchas de ellas dirigidas a sus propios padres.
La justicia en Nicaragua ha sido criticada por permitir que individuos como Rizo eludan las consecuencias de sus acciones. A pesar de tener una orden de captura por un caso de homicidio frustrado desde junio de 2022, la policía nunca la ejecutó. Su historial incluye agresiones a mujeres, aunque muchas víctimas han desistido de continuar los procesos por miedo a represalias.
La presión social tras el maltrato animal finalmente llevó a las autoridades a actuar, y la Fiscalía presentó cargos en su contra, destacando la necesidad de reformas en la legislación para asegurar castigos más severos para quienes cometen actos de violencia hacia los animales.
En Nicaragua, la Ley 747 sobre Protección y Bienestar Animal contempla sanciones económicas, pero no prevé penas de cárcel para aquellos que causen daño físico a los animales, lo que ha contribuido a la impunidad en estos casos.
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