Admiten acusación contra padre Manuel García, juez impuso prisión preventiva

Tras la audiencia preliminar realizada este miércoles en el Juzgado de Distrito Penal de Adolescentes y Especializado en Violencia de Granada, contra el sacerdote Manuel Salvador García Rodríguez, párroco de la iglesia Jesús de Nazareno en Nandaime, la jueza María Graciela Monterrey Vélez, decretó prisión preventiva para el religioso.

García Rodríguez de 44 años, es acusado por el supuesto delito de violencia física, en concurso real de violencia psicológica en perjuicio de Martha Candelaria Rivas Hernández de 57 años.

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Según el libelo acusatorio, supuestamente la víctima mantenía una relación de pareja con el sacerdote, y durante ese tiempo sufrió violencia física. García Rodríguez fue asistido por una Defensora Pública, al no tener acreditado a su propio abogado.

La audiencia inicial contra el religioso se realizará este próximo 17 de junio según estimó la jueza, fecha en la que se debatirá si existen suficientes pruebas para remitir al sacerdote a juicio oral y público.

La fiscal Cristhian Katiela Huete solicitó a la judicial la apertura de juicio y decretar prisión preventiva contra el sacerdote.

Pruebas del Ministerio Público

El Ministerio Público ofreció cinco testigos, entre ellas, Martha Candelaria Rivas Hernández, su hija Esmeralda Nohemy Sánchez Hernández. 

También fueron acreditados como testigos los policías Humberto José Sánchez López; teniente Gabriela Suyén Urbina y la Comisionada, Johana Plata Tijerino.

Además, la fiscalía presentó como pruebas periciales el dictamen médico legal (número 8937-2022) de lesiones físicas, realizado el pasado 2 de junio y uno de lesiones psíquicas.

Entre otras pruebas se incorporó un epicrisis emitido el 2 de junio en el Hospital Carlos Roberto Huembes y que fue elaborado por el especialista en otorrinolaringología, doctor Uriel Rodríguez Villarreal.

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La fiscalía también solicitó el testimonio de manera anticipada porque supuestamente las víctimas pueden ser coaccionadas para que no continúen con el proceso penal porque el acusado pertenece a la Iglesia Católica y porque viven en una zona alejada del complejo judicial de Granada.