Gustavo Porras propone en ley eliminar cinco Clubes sociales en Nicaragua

Continúan las estocadas mortales contra las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Este martes, Gustavo Porras, quien usurpa la presidencia de la Asamblea Nacional de Nicaragua, mandó a cancelar mediante ley varias ONG que funcionaban como centros de esparcimientos en Nicaragua y establecerlas como organizaciones mercantiles.

El presidente del poder legislativo introdujo un documento para la aprobación de la "Ley Especial para el cambio de Régimen de Personas Jurídicas", que pretende registrar ante la Dirección General de Ingresos (DGI) a las organizaciones en mención para que puedan pagar impuestos al Estado de Nicaragua.

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Las nuevas ONGs que serán trasladadas al régimen mercantil son el Country Club, Club Terraza, Asociación Española, Club de Chinandega y Asociación Centro Encuestre Cocibolca. 

En su dictamen, el diputado fiel a la dictadura de Daniel ortega y Rosario Murillo, la pareja que usurpa la presidencia de Nicaragua, señaló que “operaban como ONG sin fines de lucro, pero eran de comercio", justificó Porras mediante un documento enviado a la junta directiva del hemiciclo.

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En el documento, Gustavo Porras afirma que “teniendo en cuenta la nueva definición de Organismos sin Fines de Lucro (OSFL), fue necesario identificar aquellas instituciones que ostentan la personalidad jurídica de Asociaciones sin Fines de Lucro, pero cuya actividad económica, realizan actos de comercio, no es compatible con la naturaleza de las OSFL que dispone la nueva Ley. En consecuencia, la presente Iniciativa de Ley tiene por objeto establecer las condiciones especiales para el efectivo traslado al régimen jurídico mercantil a las siguientes Asociaciones sin fines de lucro: Country Club, Club Terraza, Asociación Española, Club de Chinandega y Asociación Centro Encuestre Cocibolca, detalló Porras.

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En el informe, Porras señaló que “el traslado de régimen jurídico consiste en que las sociedades mercantiles creadas serán sucesoras sin solución de continuidad de las personas jurídicas canceladas, garantizando de esta manera, la continuidad de la actividad económica de cada una de las empresas, si así lo disponen los socios”.