Defensoría del Consumidor propone Ley de Emergencia Económica para ciudadanos "agobiados" por las deudas

Suspensión de embargo de bienes muebles e inmuebles, así como una reducción en intereses corrientes que cobran las microfinancieras, es lo que persigue la propuesta de Ley de Emergencia Económica y reforma a la Ley 769, Ley de Fomento y Regulación de Microfinanzas que elaboró la Defensoría del Consumidor.

Según la organización, la crisis sociopolítica y la pandemia sanitaria del COVID-19 provocaron que los ciudadanos busquen ayuda jurídica por la problemática financiera que atraviesan “quieren pagar pero no están trabajando en sus negocios, otros fueron despedidos y sus empleadores ni siquiera tienen para pagar sus liquidaciones”, señalan.

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En la exposición de motivos, la iniciativa hace hincapié en la contracción económica que se registra desde 2018 “Nicaragua se contrajo un 3.8% en el 2018 lo que frenó ocho años seguidos de crecimiento, se encuentra en caída libre, tras su peor crisis sociopolítica en décadas, que amenaza empeorar la situación de pobreza de la mitad de los nicaragüenses”.

Ante la declive económica, la Defensoría del Consumidor plantea en la fundamentación del proyecto la suspensión de manera temporal de los embargos judiciales que pretenden dejar sin lugar a muchas familias, así como una reforma a la Ley 769, Ley de Microfinanzas, “la Ley ha permitido que las microfinancieras cometan usura en contra de los usuarios que sólo buscan cómo sobrevivir”, refieren.

“Los embargos judiciales por bienes muebles e inmuebles quedan suspendidos por un periodo de 24 meses desde la entrada en vigencia de la presente ley. El Poder Judicial no dará lugar a objetivos que sea ejecutar bienes a los deudores de instituciones bancarias y microfinancieras a causa de la crisis económica”, señala el artículo 3 de la propuesta de Ley.

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Respecto a la propuesta de reforma a la Ley 769 proponer modificar el artículo 73 que se leerá “Los contratos que las microfinancieras suscriban con sus clientes, la tasa de interés corriente se pactará con el rango del 30 al 40% anual. La tasa de intereses moratorios será pactada de acuerdo a la tasa de interés corriente máximo más de un 25%. Caso contrario, se considerará como delito de usura y dicho contrato no tendrá validez. La microfinanciera será sancionada llevando a cabo el procedimiento correspondiente que la misma ley establece”, indica.

Mientras la Superintendencia de Bancos (SIBOIF), CONAMI y Banco Central se encargaría de crear una comisión de revisión para revisar las solicitudes formales de los usuarios con deudas para concretar acuerdos de pagos especiales las cuales se gestionan ante institución bancaria e instituciones de entes reguladores.

La Defensoría del Consumidor explicó a 100%Noticias que para introducir la propuesta de Ley a la Asamblea Nacional necesitan mínimo cinco mil firmas de nicaragüenses. Si usted desea firmar dicha propuesta puede ingresar Aquí