Oposición pide al BCIE condicionar préstamos a dictadura en Nicaragua

Organizaciones de la oposición, diáspora y del exilio nicaragüense pidieron al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) condicionar cualquier desembolso al régimen de Daniel Ortega para que respete los derechos humanos y libere a los presos políticos.

En una nota de prensa, las organizaciones informaron que  enviaron misivas a los cancilleres y gobernadores del BCIE de Argentina, Belice, Colombia, Costa Rica Corea, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, República Dominicana, y Taiwán, todos miembros de la Asamblea de Gobernadores y del Directorio del BCIE para que condicionan dichos préstamos.  

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“Condicionar cualquier desembolso al régimen, al respeto de los derechos humanos, a la liberación de todas las personas presas políticas, al cese inmediato de toda represión en contra de los medios de comunicación y la ciudadanía, y al cumplimiento de las resoluciones de la OEA que establecen las condiciones mínimas para la celebración de elecciones libres y democráticas, y al restablecimiento del Estado Democrático de Derecho”, indica la comunicación.

También instaron al BCIE a reevaluar el riesgo reputacional y financiero que significa otorgar financiamiento a un gobierno ilegítimo.

“A partir del 10 de enero del 2022, cualquier empréstito aprobado por diputados igualmente elegidos ilegítimamente o por el poder ejecutivo de Nicaragua, carecerán de validez, por tanto, esas contrataciones podrían ser cuestionadas por las autoridades legítimas que los sucedan”, apuntaron.

Asimismo, pidieron al BCIE no participar en la inauguración del nuevo edificio del organismo en Managua prevista a realizarse el próximo 15 de diciembre.

En la comunicación, las organizaciones de oposición lamentaron que el BCIE no solo se haya mantenido, sino que haya incrementado su financiamiento al régimen Ortega-Murillo, convirtiéndose en el principal sustento financiero de la dictadura. 

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También recordó a los Cancilleres y Gobernadores que la Asamblea General de la OEA celebrada el recién pasado 12 de noviembre, aprobó una resolución en la que afirma que las elecciones no fueron libres, justas ni transparentes y, por tanto carecen de legitimidad democrática.