EEUU: Empresas en Nicaragua denuncian multas arbitrarias y obligaciones fiscales infladas

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aún en medio de la crisis económica que vive el país, en lugar de incentivar el comercio interno y las importaciones desarrolla una política tributaria gravosa que desalienta la actividad empresarial, perjudicando a los actores que podrían dinamizar la economía nacional, según advierte el Gobierno de Estados Unidos a través del infomre "Clima de Inversión 2022: Nicaragua", que fue publicada este domingo por el Departamento de Estado norteamericano.

El documento que analiza varios puntos del "impredecible" y "riesgoso" clima de inversión que reina en el país centroamericano, denuncia cobros de impuestos arbitrarios, señala que las leyes tributarias son utilizadas como mecanismo de represión y advierte que el régimen está prácticamente solo en materia de comercio internacional al tener muy pocos socios comerciales en el mundo.

El informe indica que "el régimen de Ortega-Murillo utiliza las leyes tributarias y su cumplimiento para intimidar a los opositores y aumentar los ingresos del gobierno". Siguiendo esa línea, según han denunciado algunas empresas nicaragüenses, el Gobierno de Daniel Ortega ha aumentado las auditorías fiscales, las multas arbitrarias y las obligaciones fiscales infladas" lo que ha representado verdaderos desafíos para que las empresas puedan operar en el país.

Pocos Tratados Bilaterales de Inversión

Navegando en medio de una severa crisis económica, agravada por las crisis política y social, Nicaragua, bajo la dictadura de los Ortega-Murillo también enfrenta un escaso intercambio comercial y muy baja o nula recepción de inversiones extranjeras.

El informe norteamricano revela que el Estado nicaragüense tiene tratados bilaterales de inversión firmados o vigentes solo con 15 países del mundo. Ese dato puede ser corroborado gracias a que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo mantiene una lista completa de los acuerdos internacionales de inversión de Nicaragua.

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Pese a los escasos acuerdos de intercambios económicos y comerciales, la dictadura Ortega-Murillo decidió retirar a Nicaragua del tratado de libre comercio con Taiwán poco después de romper relaciones diplomáticas en diciembre de 2021 y reconocer formalmente a la China comunista.

Asimismo, indican que entre los pocos tratados que Nicaragua tiene, que incluyen acuerdos con disposiciones de inversión están Chile, México, Panamá, Corea del Sur y el tratado de libre comercio CAFTA-DR suscrito con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Este último convenio podría estar en peligro debido a la deriva totalitaria que ha tomado el régimen Ortega-Murillo que se niega a volver a los cauces democráticos pese al insistente llamado de la comunidad internacional.

Además, el Departamento de Estado recuerda que Nicaragua no es parte de ningún tratado bilateral de impuesto sobre la renta y tampoco es miembro del Marco Inclusivo sobre Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Recientemente, congresistas estadounidenses advirtieron que el Gobierno de ese país suspendería las importaciones desde Nicaragua. Ante tal advertencia, el dictador, envalentonado durante el aniversario 43 del Ejército de Nicaragua dijo que el país "tiene relación económica con todo el mundo" y que han "establecido relaciones con el país que ha tenido la economía de mayor crecimiento, la República Popular de China". No obstante, los datos expuestos por el Departamento de Estado indican todo lo contrario.

Represión fiscal y aduanera

Entre las denuncias que se ventilan a través del informe de las autoridades norteamericanas destaca que "la Dirección General de Ingresos de Nicaragua (DGI, órgano recaudador de impuestos) ha incrementado la frecuencia, duración y alcance de las auditorías a las empresas".

Esas auditorías toman varios meses y requieren que las empresas dediquen espacio de oficina y personal de apoyo a los auditores. Además, algunas empresas informan que hasta 8 entidades gubernamentales diferentes, incluidas las autoridades laborales (Ministerio del Trabajo), seguridad social (INSS) y las Alcaldías o Gobiernos Regionales, han llegado al mismo tiempo para realizar auditorías.

La denuncia agrega que esas auditorías "casi siempre encuentran que las empresas deben impuestos adicionales y, a menudo, incluyen multas equivalentes a la cantidad de impuestos supuestamente adeudados". Estas multas en la mayoría de los casos carecen de fundamento jurídico. "El gobierno ha incautado propiedades privadas y encarcelado a personas por no pagar estas facturas de impuestos y multas, a menudo mientras los procedimientos legales aún están en curso. Estos problemas fiscales han afectado a EE. UU.", dice el Departamento de Estado de EEUU.

Asimismo, las autoridades de EEUU señalan que las reformas fiscales aprobadas en febrero de 2019 por el régimen de Ortega continúan "perjudicando a los importadores y las empresas estadounidenses". Esas reformas tributarias "triplicaron la tasa impositiva mínima alternativa del 1 al 3 por ciento para las empresas que ganan más de cinco millones de dólares en ingresos brutos anuales", señalan y agregan que además  "duplicaron del 1 al 2 por ciento para las empresas con ingresos entre dos y cinco millones de dólares en ingresos brutos anuales".

Además, esa normativa tributaria aumentó el impuesto selectivo al consumo para muchos artículos. "El impuesto selectivo al consumo perjudica a los importadores. Las autoridades aduaneras gravan las mercancías importadas en la frontera, no en función del precio de venta al público del producto, sino de una valoración arbitraria que puede triplicar el valor declarado de la mercancía", denuncian.

De igual forma, los productores nacionales pagan el impuesto selectivo al consumo en el punto de venta real. "El gobierno prometió revisiones a la reforma después de un período de observación de 90 días. Más de tres años después de implementada la reforma, aún no ha propuesto revisiones. "Las empresas informan que las reformas han reducido los márgenes de beneficio y han aumentado los precios al consumidor", señala el documento.

Finalmente denuncian que varias grandes empresas, incluidas algunas empresas y franquicias estadounidenses, han disputado sus obligaciones fiscales con el Gobierno de Nicaragua, lo que a menudo tiene resultados negativos para las empresas. "El gobierno evalúa los impuestos sobre la renta en función de los ingresos brutos en lugar de las ganancias netas según lo dispuesto por la ley. Este nuevo cálculo de impuestos impuesto por el gobierno podría forzar el cierre de estas empresas", advierten.