Nicaragua encabeza ranking en Centroamérica con más inflación

El Consejo Monetario Centroamericano (CEMCA) dio a conocer su informe mensual sobre la tasa de inflación en Centroamérica, República Dominicana y Panamá, donde refleja que Nicaragua es el país con la cifra más alta, con un 12.16%.

Los datos que ofrece el CEMCA se corresponden con octubre del presente año, mientras que el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) reportó en 2021 que el índice de inflación en octubre de 2021 fue de 9.08%, por lo que hablamos de una diferencia de 3.08% entre un año y otro. Por otro lado, se conoció que la variación anual del Índice de Precios al Consumidor, IPC, en Nicaragua en octubre de 2022 es 7 décimas superior a la del mes anterior.

Mientras Nicaragua tiene la cifra inflacionaria más alta, el CEMCA reporta que El Salvador, con un 7,47 por ciento, es el menos afectado por la crisis inflacionaria en la región. Por otro lado, Honduras se ubica detrás de Nicaragua, con la segunda cifra más alta, que es también de dos dígitos: 10.18%.

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El índice inflacionario de Nicaragua se refleja en el costo de la canasta básica, que en octubre alcanzó los 18,636.44 con un incremento de 654.97 córdobas respecto al precio de septiembre cuando se cotizó en 17,981.47 córdobas, según el Inide.

Panorama económico preocupante

Hace una semana, el sociólogo y analista Oscar René Vargas, apresado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, hizo un análisis del informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía de Nicaragua y concluyó que las perspectivas son sombrías.

Vargas afirmó que se vienen despidos de trabajadores del Estado, reducción del poder adquisitivo, hambre y más migración, porque la economía de Nicaragua se seguirá contrayendo, por lo que el régimen de Daniel Ortega deberá tomar medidas extremas.

También consideró que el gobierno establece un “colchón” financiero que puede lograr “reducción de las exoneraciones que recibe el capital; incrementar la recaudación de ingresos, por ejemplo los tributos de las empresas pasaron de ser 40% en el 2017 al 52% del total en el 2022; reducir los salarios reales de todos los trabajadores del Estado; controlar los déficits de las empresas públicas; empequeñecer el número de trabajadores del Estado; reducir el gasto público en servicios sociales”.

Además, asegura que aunque el régimen Ortega Murillo no tiene ningún acuerdo formal con el FMI, las medidas que van a implementar en el 2023 son mucho más fuertes que las que recomienda el organismo en sus programas de Ajuste Estructural.