EEUU advierte de confiscaciones, incumplimiento de CAFTA y leyes tributarias para intimidar en Nicaragua

Una de las principales preocupaciones que plasma el Gobierno de Estados Unidos a través del Informe sobre el Clima de Inversión en Nicaragua 2024, extendido por el Departamento de Estado, es la inseguridad jurídica que existe en este país centroamericano, pues en este documento hacen un recuento de las numerosas confiscaciones al margen de la ley ejecutadas por el régimen sandinista, lo que abona al ambiente de incertidumbre en cuanto al derecho de propiedad.

La administración Biden recordó que el gobierno de Nicaragua tiene en su haber una larga historia de demandas de expropiaciones gubernamentales que se realizaron sin el debido proceso, por lo que refiere que sigue habiendo “una considerable incertidumbre” en cuanto a la protección de los derechos de propiedad o sea al derecho de la protección de la propiedad en este país. El informe insistió en exponer que abundan las demandas conflictivas sobre títulos de propiedad y que las apelaciones judiciales son lentas y engorrosas.

El Departamento de Estado recordó que en "el primer gobierno liderado por Ortega en la década de 1980, la expropiación de 28.000 propiedades de extranjeros y nicaragüenses generó una cantidad significativa de reclamaciones y contrademandas inmobiliarias. Los registros de la propiedad padecen años de mala conservación de los registros, lo que dificulta establecer un historial de títulos". 

También que en el año 2019 la Corte Suprema modificó las normas del registro de la propiedad para prohibir la mayor parte del acceso a estos registros. Existen hipotecas y gravámenes, pero el sistema de registro no es confiable.

Pero la estocada al sistema de registro ocurrió en el 2023 cuando la Asamblea Nacional en Nicaragua aprobó la Ley de Gestión del Sistema de Registros Inmobiliarios y Mercantiles, "que facilita la confiscación de bienes", indica el informe.

Así mismo la Asamblea Nacional "otorgó a la Procuraduría General de la República el control del sistema nacional de registros de propiedad, que anteriormente estaba bajo la jurisdicción de la Corte Suprema. La mayoría de los bienes confiscados no están registrados oficialmente".

Advierten que "los inversores deben realizar una exhaustiva diligencia debida y extremar las precauciones antes de invertir en bienes inmuebles. Personas sin escrúpulos han participado en enfrentamientos prolongados con inversores estadounidenses para hacerse con el control de propiedades de primera, especialmente en zonas turísticas. Se sabe que los jueces y las autoridades municipales actúan en connivencia con esas personas, y una industria artesanal suministra títulos y otros documentos falsos".

En el caso de las regiones autónomas del Caribe, "las tierras comunales no se pueden comprar legalmente; sin embargo, existe un esquema conocido que implica que personas venden tierras comunales con documentación aparentemente legal antes de que las autoridades comunales despojen a los compradores de su propiedad".

La nueva piñata

Estados Unidos destaca que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado el estatus legal y expropiado los activos desde 2018 a más de 3.600 ONG, entre ellas grupos de defensa del medio ambiente, universidades privadas, organizaciones benéficas vinculadas a la Iglesia católica y organizaciones que brindan atención dental y sanitaria gratuita a niños pobres, aparentemente por estar en alto riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo. 

“Las autoridades nicaragüenses confiscaron los activos y las propiedades inmobiliarias de estas organizaciones, convirtiendo algunas en instalaciones administradas y controladas por el Estado. En diciembre de 2021, Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y reconoció oficialmente a la República Popular de China. Posteriormente, el gobierno bloqueó la donación de Taiwán de su antigua embajada, confiscó la propiedad y se la entregó a la República Popular de China”, menciona el documento.

Mencionó que numerosos dueños de tierras han denunciado invasiones de tierras por parte de actores afiliados al régimen desde 2018, y que en algunas ocasiones estas invasiones han sido frenadas porque los propietarios reclamantes realizaron conexiones políticas o sobornos. 

“En los casos en que el gobierno reivindicó el derecho legal sobre la tierra, las ofertas de compensación (si las hubo) se calcularon sobre el valor catastral, una subestimación considerable del valor de mercado. Los funcionarios que actúan en nombre del régimen de Ortega y Murillo han declarado en numerosas ocasiones que no actuarían para desalojar a quienes se hubieran apropiado ilegalmente de la propiedad privada. A finales de 2020 y principios de 2021, el Estado nicaragüense se deshizo de bienes inmuebles confiscados a medios de comunicación independientes. Las autoridades no siguieron el debido proceso y transfirieron las instalaciones al Ministerio de Salud para instalar centros de salud”, destacó el Departamento de Estado.

Estados Unidos recordó que en febrero de 2023, el régimen canceló la ciudadanía a 222 ex presos políticos y 94 opositores políticos, los eliminó del registro civil, congeló sus cuentas bancarias y confiscó sus propiedades.

No cumplen con DF-CAFTA 

El informe recuerda que Nicaragua es miembro del CAFTA- DR donde se establece un mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados, sin embargo, empresarios han indicado que no es un medio viable para hacer cumplir las obligaciones del CAFTA-DR debido al alto costo y la probabilidad de represalias por parte del régimen nicaragüenses. 

“Muchos inversionistas informan que los procedimientos aduaneros y de otro tipo no cumplen con las obligaciones de Nicaragua en virtud del CAFTA-DR. No parece que los inversionistas extranjeros hayan sido objeto de persecución por motivos de nacionalidad”, expone el correo, por lo que asegura que “no se conocen casos de tribunales locales que hayan ejecutado laudos arbitrales extranjeros o decisiones nacionales recientes relacionadas con disputas de inversión con una empresa estatal. La ejecución de las órdenes judiciales suele estar sujeta a corrupción y favoritismo”.

Señalan que todas las disposiciones del CAFTA-DR están plenamente incorporadas al sistema regulatorio nacional de Nicaragua. "Sin embargo, las autoridades violan con regularidad las normas nacionales y los inversionistas afirman que las prácticas aduaneras violan con regularidad las disposiciones del CAFTA-DR".

Leyes tributarias para intimidar

Estados Unidos denuncia que el régimen de Ortega y Murillo "utiliza las leyes tributarias y su aplicación para intimidar a los opositores y aumentar los ingresos del gobierno. Las empresas citan el aumento de las auditorías fiscales, las multas arbitrarias, las leyes tributarias revisadas y las obligaciones tributarias infladas como desafíos específicos para operar en Nicaragua".

Expresan que la Dirección General de Impuestos (DGI) de Nicaragua ha aumentado la frecuencia, duración y alcance de las auditorías a las empresas. En algunos casos, estas auditorías duran varios meses y requieren que las empresas dediquen espacio de oficina y personal de apoyo a los auditores. Además, algunas empresas informan que hasta ocho entidades gubernamentales diferentes, incluidas las autoridades laborales, las autoridades de seguridad social y las autoridades tributarias municipales y regionales, han llegado al mismo tiempo para realizar auditorías. Estas auditorías casi siempre encuentran que las empresas adeudan impuestos adicionales y a menudo incluyen multas iguales al monto de los impuestos supuestamente adeudados. 

"El gobierno ha confiscado propiedad privada y encarcelado a personas por no pagar estas facturas de impuestos y multas, a menudo mientras los procedimientos legales aún están en curso. Estos problemas fiscales han afectado a las empresas estadounidenses y a las empresas propiedad de ciudadanos estadounidenses", indica el amplio informe sobre el clima de inversión en Nicaragua 2024, publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.