Oscar René Vargas: La corrupción, el empresariado y el régimen Ortega-Murillo

El régimen Ortega-Murillo está salpicado de corrupción, crímenes y traiciones. Se mantiene en el poder gracias a un séquito de políticos corruptos e inmorales, tan responsables como él de sus indecencias. Desde el 2007, se deshizo de todos cuanto le quisieron ponerle límites. Hoy, sus acólitos, defienden a Ortega como impulsor de la democracia en Nicaragua. La historia al revés. Lo relevante es la mentira que se construyó en torno a su figura para restablecer, en pleno siglo XXI, una dictatura decrepita, similar o peor a la somocista, la cual perdura gracias a un acuerdo entre los poderes fácticos.

El régimen Ortega-Murillo sintetiza en la actual coyuntura a la cleptocracia como el mecanismo de la corrupción producto de la alianza entre los monopolios, oligopolios, la política y el poder. La corrupción es, eminentemente, un proceso económico-político; alude a los vínculos que existen entre la empresa y la política manifestándose en cobros de comisiones, blanqueos de capitales y fraudes fiscales.

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Políticos tradicionales, gente de la cultura, las artes y el deporte, intelectuales, sacerdotes, pastores, empresarios de todos los niveles y algunos periodistas, han callado de la corrupción generalizada por cobardía, servidumbre o conveniencia.

No estamos frente a la corrupción de una persona, sino ante la corrupción creciente de un sistema de gobierno. La dictadura ha funcionado sin controles, rodeada de privilegios, y que destruyó al Estado de derecho. Cuando la gente se pregunta el por qué Ortega ha podido proceder según su libre albedrío y conveniencia sin rendir cuentas a los demás durante tantos años, la respuesta es sencilla: porque ha tenido mayordomos, cortesanos de reverencia, encubridores de fechorías y se lo han permitido todo.

La degradación del quehacer político y económico de Nicaragua se expresa a través de las siguientes características: clientelismo, corporativismo, amiguismo, compadrazgo, tráfico de influencias, corrupción, conflicto de intereses, capitalismo de amiguetes. Todo lo anterior abrió las puertas a millonarios y jugosos negocios que derramó el confeti de dinero en espacios legislativos, judiciales o foros con ropaje académico.

El pacto entre el gran capital y el régimen (“modelo de diálogo y consenso”) significó la fusión entre el poder económico tradicional con el poder económico de nuevo cuño, nacido al amparo del poder, que permitió canalizar los recursos públicos al fomento de los miembros del pacto, reducir impuestos y fomentar las alianzas tácticas entre estos dos sectores.

El pacto permitió una conducta delictiva que logró prevalecer y multiplicarse con éxito. Desde el 2007, esa conducta delictiva se afianzó y se expandió como nunca en Nicaragua en manos de una casta cleptómana que organizó el saqueo de las riquezas naturales y patrimoniales. Todo para el beneficio de los miembros del “modelo de diálogo y consenso”. En caso de llegar a un juicio, confiaban en la impunidad, por ser una constante en las sentencias del corrupto sistema judicial nicaragüense y al apoyo de las esferas gubernamentales.

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El “modelo de diálogo y consenso” permitió a empresas ilegales y legales adquirieran ventajas competitivas a través de la evasión fiscal, tributaria, exoneraciones y la circulación de masas de capital que derivan de actividades ilícitas. En su máxima extensión organizativa, la corrupción es el entramado de la oligarquía (nueva y vieja) y el poder político, y lo que dio inicio al ciclo de ilegalidad desde el 2007.

La nueva oligarquía en el poder usó la corrupción; las relaciones entre gobernantes y empresarios, y más en general, entre corruptos y corruptores. Estas relaciones se hallan siempre ocultas, y cuando surgen a la luz pública se debe a una lucha desencadenada en su interior. La ruptura del secreto tiene que ver con el modo en que se desarrolla la lucha política y la circulación de las élites económicas y políticas. El ejemplo más conocido es el destape de la corrupción de muchos funcionarios del gobierno Alemán que se conoció por la pugna Bolaños-Alemán.

La reactualización de la corrupción tuvo que ver con la formación de una nueva clase dominante de extracción burocrático-estatal. La nueva forma de autoritarismo llevó al surgimiento de una clase política cleptocrática, depredadora y falta de reglas morales y políticas, que cambió profundamente las relaciones entre economía y política. La presión para ampliar el área de los mercados ilegales se hizo más fuerte y con la personalización de la vida política emergió un patrimonialismo autocrático, como consecuencia de la alianza entre la nueva oligarquía, la vieja oligarquía y la burguesía tradicional.

Desde entonces, también, las clases dominantes no sólo abusaron de su poder para mantenerse en él y obtener ventajas y ganancias particulares ilícitas, sino para hacer partícipes, vía cooptación y sobornos, a otros estratos del aparato estatal (Asamblea, Poder Judicial, Electoral, Alcaldías, etcétera), para asegurarse un consenso a modo de defensa. Pero ese patrimonialismo no hubiera sido posible sin la colusión del régimen político con las grandes empresas, las cuales usaron al Estado en función de sus intereses económicos particulares/privados. Más allá de las tribulaciones personales de empresarios corruptos y ciertamente inescrupulosos, la corrupción generalizada representa un golpe demoledor para la legitimidad del modelo entre el régimen y el gran capital.

Los grandes consorcios, líderes empresariales entienden cuál es el eslabón débil de la cadena entre decisión política (jerarquía partidista/gubernamental) y decisión administrativa (tecnocracia corrupta), y se auto propusieron para solucionar –vía el lobby privilegiado− los enjuagues financieros que surgieron a partir de la avidez de enriquecimiento desmedido de los clanes político-partidarios emergentes. La trama de la corrupción se expresó, como privatización de lo público y ocultamiento de lo público-privado.

Las grandes decisiones políticas del régimen (reformas constitucionales, obras de infraestructura, adjudicaciones, contratos, concesiones, etcétera) fueron tomadas de manera consensuada por poderosas empresas y los jerarcas de los clanes político-partidarios. Producto del maridaje de la mano visible de la jerarquía política (Ortega), con el poder invisible de los lobbies empresariales.

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A medida que se emprenden proyectos nacionales, nacieron poderosas cúpulas colusivas no exentas de tensiones y luchas intestinas o externas. El objetivo central de las élites es mantener el secreto del enriquecimiento inexplicable de las élites económicas y políticas, a través de una “salida al suave” (el orteguismo sin Ortega o con Ortega al lado), de esa forma las clases dominantes se asegurarían la posibilidad que el ciclo de la corrupción podría repetirse.

El crecimiento de la delincuencia organizada en el estado se da por el contubernio con las autoridades, no hay frontera, no hay una línea divisoria. Los delincuentes de “cuello blanco” dominan e incluso están en las estructuras de los gobiernos municipales y tienen mucha influencia en el poder central.

La corrupción no sólo se expresa en los vínculos funcionarios-crimen organizado, sino también con los delincuentes de “cuello blanco” que involucran partidos políticos, gobiernos municipales, empresas fantasmas, universidades, autoridades de poder central y hombres de negocios. La cadena de la corrupción, como la pandemia, se fue propagando en toda la administración pública, así como en el financiamiento de los partidos comparsas. Siempre con la autorización, complicidad o instrucción del nivel superior.

La crisis de la dictadura Ortega-Murillo ha dejado al descubierto aspectos oscuros de la sociedad nicaragüense, que en circunstancias normales permanecerían latentes u ocultos: la corrupción, la represión y la absoluta falta de empatía de parte del gran capital con quienes atraviesan circunstancias difíciles –los presos políticos, los heridos, los asesinados, los exiliados– hasta la propensión a dejarse llevar por el pánico, los rumores y la desinformación.

El mero temor de los dueños de los grandes capitales a que el régimen se prolongue y se extienda más allá de lo previsto, ha llevado a los grandes empresarios a registrar pérdidas no vistas desde la crisis mundial de 2008-2009. Además, ha golpeado con fuerza a sectores especialmente sensibles como el turístico, la construcción y sistema financiero. Las consecuencias económicas de la represión han tenido un doble efecto negativo para el régimen al incrementar el pánico entre los ciudadanos e inversionistas y un enorme costo para la economía y el bienestar sicológico de la población. Para colmo, ese entusiasmo en dirigir las baterías contra la población y la iglesia católica pasó por alto la importancia crucial del consumo para el funcionamiento y recuperación de la economía.

A la vulnerabilidad del régimen que ha quedado al descubierto, debe sumarse igualmente la expuesta voracidad de la nueva clase y sus aliados. Una vez que líderes empresariales, banqueros y otros integrantes de la élite económica han debido afrontar en sus propios estados de cuenta los saldos de la doble consecuencia de la represión. El régimen sigue estando al servicio de la delincuencia de “cuello blanco” y de grupos organizados como los madereros que destruyen los bosques.

En los últimos años, la financiación ilegal de parte del INSS a miembros de la nueva oligarquía y la vieja burguesía ha sido una práctica habitual. Los políticos tradicionales se mueven en el figureo, en sus intereses personales, buscando algún beneficio de parte del dictador, no están preocupados en combatir a la delincuencia de “cuello blanco” ni al crimen organizado. Sólo habrá regeneración ética-política a partir del momento que el régimen Ortega-Murillo sea desalojado del poder. Es importante que no haya impunidad, que la autoridad no proteja a la delincuencia, que se acabe aquello que se engaña persiguiendo a pequeños delincuentes y protegiendo a las grandes estafas. Se comenten crímenes al amparo del poder público, a su sombra y con la impunidad absoluta. La ley tiene que aplicarse por parejo.

Nicaragua ha estado durante generaciones en manos de la vieja oligarquía y la burguesía tradicional, es un país en el que los ricos esclavizan a los pobres y que en la actualidad su sociedad es sometida por la nueva oligarquía que la está destruyendo. No hay que olvidar que los intereses vieja y la nueva oligarquía se diferencian una de la otra por la forma, no por su esencia. A las clases dominantes (vieja oligarquía, burguesía tradicional y nueva oligarquía) les aterra una salida política que los autoconvocados y los pobres puedan controlar y que amenacen sus intereses económicos y políticos. Por eso impulsan una estrategia de una “salida en frío” o “aterrizaje al suave” bajo su hegemonía.

Resultaría esquizofrénico, separar los beneficios obtenidos por el gran capital producto de la alianza con el régimen que dio origen a malversación de fondos, evasión de capitales y enriquecimiento ilícito. Por otro lado, ha sido gracias a esa alianza lo que le permitió a Ortega convertirse en dictador y le posibilitó amasar una fortuna inexplicable, atesorar poder y actuar sin cortapisas, a sabiendas que era intocable por la complicidad de los grandes empresarios, el ejército, la policía y el sistema judicial.

No estamos hablando solamente de la corrupción de individuos. Estamos hablando de la corrupción de un sistema de gobierno que ha tenido y tiene carta blanca para defraudar y delinquir, de una dictadura que ha actuado sin controles, rodeada de privilegios y sin aceptar el escrutinio público. Y el peligro, en el futuro, es que la corrupción generalizada corrompa a la sociedad forzándola a mirar hacia otro lado y consentir esferas de opacidad y de impunidad impropias de un Estado de derecho y democrático.

El mero cambio de gobierno no implica por si solo un progreso en todos los ámbitos de la sociedad. Si algo facilitaría la caída de la dictadura sería el poner a todos los poderes políticos y económicos a rendir cuentas ante la sociedad y favorecer la libertad, la igualdad ante la ley y el rechazo del privilegio y los abusos de los poderosos.

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