Huellas imborrables: Las torturas psicológicas a veces son peores que las físicas

Detenciones ilegales, desplazamientos forzados, despidos por razones políticas y hasta migrar para vivir son algunas de las violaciones de derechos humanos documentadas por las víctimas que narran como la negación de justicia en Nicaragua afectó sus vidas. En el Día mundial de los Derechos Humanos, algunas de las víctimas brindaron sus testimonios a 100% Noticias 

Hellen Mangas estuvo tentada a firmar la orden de deportación muchas veces. Fue encarcelada dos meses y 16 días en Estados Unidos por cruzar la frontera de forma ilegal. Lloraba todas las noches en la celda junto a otras migrantes. Moría de angustias al pensar que no volvería a ver a sus dos hijos, sobre todo a Lassiel, un adolescente con discapacidad que fue obligada a dejar en Nicaragua.

“Mi hijo menor tiene una gran necesidad, padece de Distrofia Muscular Duchenne y me duele no poder estar a su lado esta Navidad. El próximo año, mi hija cumplirá quince años solo llamo todas las noches”, dice mientras se le quiebra la voz al otro lado de la línea telefónica.

El 3 de septiembre pasado, Hellen de 34 años, salió de la cárcel de Texas y ahora se encuentra en La Florida gestionando junto a su esposo el proceso de asilo. Trabaja lavando platos en un restaurante. La travesía para llegar a Estados Unidos desde Nicaragua le tomó varios días. 

“Salimos huyendo el 19 de junio por El Guasaule, punto fronterizo de Nicaragua con Honduras. Prestamos dineros para movilizarnos porque no tuvimos el tiempo para vender nuestras cosas. Pasamos Honduras y llegamos a Guatemala”.

Hellen narra que viajó con su esposo y al llegar a la frontera entre Guatemala y México les advirtieron que debían pedir ayuda a los “coyotes” para cruzar México por ser territorio dominado por bandas criminales. 

“Nuestra familia logró reunir el dinero y de paso vendimos una moto y otras cositas para completar porque nos pedían cuatro mil dólares por cada uno para cruzar México y el 7 de julio cruzamos la frontera de Texas en Estados Unidos”. 

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Un mes antes de migrar, Hellen y su esposo recibieron una visita sorpresiva al negocio familiar. Narra que el 4 de junio se presentaron policías encapuchados y motorizados de civiles a dejarle una clara advertencia si continuaba denunciando al gobierno en sus redes sociales.

“Llegaron y empezaron a golpear los portones y como no abrimos rompieron los candados. Nadie se metió ni dijo nada. Nos robaron y nos quitaron los celulares que eran nuestras armas para documentar. A mi esposo lo golpearon y a mí me pusieron de rodilla y me aruñaron”.

Expresa que los amenazaron con hacerles la vida imposible porque tenían conocimiento pleno que ambos eran opositores Azul y Blanco. “Nos botaron las mesas, varios artículos y nos dijeron que hasta nos podían quemar el negocio, pero que nos los estaban diciendo de buenas maneras”.

Hellen entró en pánico y el mismo día suspendió sus redes sociales y cerró el negocio. Aunque ya había recibido amenazas y represalias, era la primera vez que el mensaje llegaba expreso y era agredida físicamente por denunciar al gobierno Ortega Murillo. 

 “Llamamos a unos parientes que nos llegaron a socorrer. Fueron testigos como quedó el local. Yo cerré el negocio, cerré las redes sociales y tuve que resguardarme en casas de otras personas porque se mantenía el asedio en casa de mi mamá”.

En 2020, a Hellen le fueron suspendidos los permisos para vender licor en su bar ubicado frente al cementerio Periférico y cuenta que se dedicó a la venta de comida.

“Me dijeron descaradamente que me negaban mi derecho a trabajar porque ya sabían que era terrorista y golpista”.

Este mismo año, se confirmó la llegada de la pandemia del Covid-19 en Nicaragua y la ciudadanía denunció a las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) por la práctica de los entierros exprés realizados en altas horas de la noche o la madrugada. Para ocultar los casos de coronavirus.

“Yo tomé fotos y videos de los entierros exprés, los compartí en grupos públicos de Facebook. A los tres días, llegaron policías a fuera del negocio a ver los ángulos de donde habían sido tomadas las imágenes”.

Para septiembre del año pasado, las patrullas ya se mantenían fijas en el bar de Hellen. “Policías y motorizados permanecían afuera y así, lograron aterrorizar a la clientela porque ya nadie quería entrar. Ellos eran los únicos que llegaban”. 

Una de las medidas de seguridad que tomó Hellen viviendo en Nicaragua, fue trasladarse a otra casa, lejos de sus hijos para protegerlos. Los mismos secretarios políticos de la colonia Maestro Gabriel, donde creció, gritaban plomo fuera de la casa de su mamá.  

En redes sociales también hubo una campaña de odio en contra de Hellen. “Andamos buscando a esta maldita perra que anda infiltrada tomando videos a la policía y cosas así escribieron con fotos mías”. 

La familia de Hellen fue militante del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), incluso ella, pero en 2018 pasó a ser fichada como una ferviente opositora porque su casa sirvió de acopio para llevar medicinas y alimentos a los universitarios atrincherados.

“Mi papá trabajaba en el hospital Solidaridad como analista financiero y después de 13 años lo corrieron. Al ver mis fotos en las redes el gobierno lo despidió por tener hijas opositoras”, dice mientras añade que la salud de su padre ha desmejorado.

Hellen desea volver a Nicaragua y solo espera que en algún momento el gobierno de turno les devuelva los derechos humanos a los nicaragüenses que han sido condenado al silencio, la cárcel y el exilio forzado.

“Yo creo que si me hubiera quedado en el país ahora estuviera presa o muerta. Sueño con volver a mi patria. Por ahora, solo me queda hacerle huevo y trabajar mucho para ayudar a mi familia”.

Buscan justicia

El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca+ maneja alrededor de 500 reportes de víctimas de cómo la negación de justicia por parte del estado afectó sus vidas y sus familias.

“El exilio es difícil, es doloroso y nefasto. La gran mayoría de exiliados la han pasado muy duro y la pandemia vino a agravar a la humanidad y a los nicaragüenses que incluso han migrado por razones económicas”, dice Gonzalo Carrión, quien cumplirá tres años de estar en el exilio.

Carrión y otros defensores de derechos humanos exiliados, fundaron el colectivo Nicaragua Nunca+ en Costa Rica para continuar realizando el ejercicio que en el país se les negó.

“Hemos documentados aproximadamente 500 testimonios de las víctimas. Cerca de 120 relatos han sido de reos y ex reos políticos que han sido víctimas de torturas”. 

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Además de documentar las historias de dignidad y derechos humanos, Carrión, destaca la importancia de construir la memoria para recordar la historia. 

“Cada denuncia no solo es el reflejo del dolor y sufrimiento de una persona, trasciende y afecta a familias enteras”.

El activista señala que Nicaragua Nunca+ también está interesado en denunciar ante el plano internacional las violaciones de derechos humanos en contra de todo un pueblo por parte de la tiranía que ejerce el poder y confirma que es la ciudadanía la que ha resistido por casi cuatro años. 

“El pueblo nicaragüense nos dio un gran mensaje de aliento y resistencia el pasado 7 de noviembre con las votaciones porque le dijo no a esa familia que tiene al país secuestrado. A nosotros desde afuera nos sirvió de inspiración como una renovación de resistencia”.

Familias afectadas  

Ulises Rivas Pérez es solo uno de los tantos excarcelados políticos que han huido del país para evitar ser arrestados. Desde hace cuatro meses vive en Estados Unidos como un migrante más. Cuenta que fue discriminado en el sistema penitenciario por pertenecer a la comunidad diversa. 

“Sufrimos el doble en la cárcel porque el trato es indigno. Todos nos acosan y nos quieren tocar incluso los mismos policías. Las personas diversas recibimos un trato inhumano y cruel”. 

Tiene 33 años, estudió comunicación social. Es originario de Santo Domingo municipio de Chontales. Un ambientalista  incansable. 

“Cuestioné la destrucción ambiental que se ha dado en la fuente de agua Túnel Azul ubicado en mi pueblo, el mismo que un día dio vida a tantos domingueños fue condenado a desaparecer por culpa de la explotación de las empresas mineras”.   

Levantar la voz en contra del sistema nicaragüense lo llevó a ser detenido en 2019 y condenado a cuatro años de prisión por supuestamente robar un sombrero y en 2020 su hermano Lázaro Ernesto también fue procesado por los delitos de robo agravado y lesiones graves.

“Me han criminalizado por participar en las protestas antigubernamentales. Me negaron la libre circulación. Me privaron de mi libertad. Me discriminaron. Tengo restricción migratoria y me violentaron todos mis derechos como nicaragüense que soy”.

Aunque Ulises fue puesto bajo régimen de convivencia familiar el 30 de diciembre de 2019 el proceso judicial en su contra continúo abierto y el asedio de la Policía tampoco se detuvo. Los sufrimientos se mantienen para los hermanos Rivas Pérez.

 Mientras Lázaro Ernesto se encuentra encarcelado en Nicaragua, José Luis quien también tenía orden de captura en el país se encuentra detenido en una cárcel de migración en Estados Unidos.

Mientras tanto, Ulises aboga por la libertad de sus hermanos como en el pasado ellos lo hicieron con él. Está consciente que las heridas psicológicas persisten y todavía aún no logra calcular el daño de estas, pero se aferra a su fe. 

“No he recibido ayuda psicológica todavía. Mi único refugio está en Dios”.

Actos inhumanos 

Por su parte, la abogada, Martha Patricia Molina, miembro del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción afirma que Nicaragua cumplen con todas las características fundamentales para ser catalogado como un país con un estado criminal. 

“La falta de institucionalidad, la involución jurídica y de derechos humanos, sumado al exilio, deportaciones, el exterminio de la prensa independiente y todos los actos inhumanos que han causado grandes sufrimientos que han afectado la salud física y emocional en la población es propio para calificarlo como delitos de lesa humanidad”.

En este sentido, Molina ha documentado al menos 30 mecanismos de torturas que han sido practicados en las cárceles del país, principalmente en El Chipote. “Contradiciendo y vulnerando el artículo 36 de la Constitución Política de Nicaragua que establece que nadie será sometido a tortura, procedimientos crueles, inhumanos o degradantes”.

Martha Patricia Molina insta a los organismos de derechos humanos a continuar documentando de manera constantes las negaciones de justicia. 

“Todo esto va a servir de prueba para el momento que se instaure una verdadera democracia en el país y se puedan juzgar a los verdaderos culpables que todos los nicaragüenses conocemos por nombre y apellido”.

Auto silencio     

“Tengo un mes de no saber de mi hija Samantha Jirón. No sé si me la torturaron cuando la detuvieron y hasta me he abstenido de dar declaraciones porque siento que hasta cierto punto es la única manera que tengo de proteger a mi hija.”, dice Carolina Jirón vía telefónica.

Esta madre asegura que las autoridades monitorean a todos los familiares de los presos políticos que hablan con la prensa independiente. “Un canal me entrevistó y ese mismo día me la trasladaron a aislamiento. Piensan que uno no sabe lo que pasa adentro”, reclama Jirón.

El pasado 9 de noviembre Samantha de 20 años y estudiante de comunicación fue detenida. “Mi hija ahora está en la cárcel de mujeres, pero fue más traumático cuando estuvo en el Distrito tres de la Policía porque cuando yo llevaba la ropa limpia era un varón quien se la entregaba”.

Esta mujer narra que en 2018 su hija estuvo exiliada en Costa Rica, pero volvió en 2019 al país. Ahora que le han confirmado que se encuentra en la cárcel La Esperanza ubicada en el municipio de Tipitapa, al norte de la capital, está ansiosa por volver a verla.

“La muchacha que atendió en ese sistema penitenciario fue amable conmigo y espero que así me estén tratando a mi hija ahí adentro de la cárcel”.

Carolina dice que le explicaron que la primera visita la tendría en 21 días y que el 24 de diciembre habrá un permiso especial. “¿Qué consuelo puede haber para mí que me digan que el 24 hay una visita especial? Si yo lo que quiero es estar con mi niña ese día en mi casa y no encerrada”.

Esta madre pide la liberación de todos los presos políticos. “Yo no puedo pedir solo la libertad de mi hija porque todos sufren y sus familias también. Soy madre soltera y sé el costo económico que conlleva tener a un pariente encarcelado. Sin mentirles ya me he gastado cuatro mil córdobas”.

Registros de ANPDH

Según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), ha documentado 5 mil 824 denuncias desde el 2018 a la fecha. De un total de 7 mil 145 reportes, todavía 1, 321 se encuentran en proceso de documentación.

La ANPDH afirma que las protestas antigubernamentales generadas hace casi cuatro años han dejado un saldo de mas de 700 muertos y miles de exiliados. Aunque la CIDH confirmó 355 muertos.

“Sumado al miedo. La población se encuentra paralizada por la desmotivación y la desesperanza”, dice el doctor Álvaro Leiva, director de ANPDH.  

Leiva considera que a nivel interno en Nicaragua falta unidad y en el plano internacional demanda solidaridad para la comunidad de migrantes y más sanciones en contra del régimen Ortega Murillo.

 “Esas presiones económicas representan la última oportunidad para salir de la dictadura de manera pacífica”, señala.

Salud emocional

Especialistas, víctimas y familiares coinciden que a veces la tortura psicológica va más allá de la física. Y mientras la segunda desaparece con el tiempo, la primera puede llegar incluso a causar daños irreversibles en la salud emocional del individuo.

“La desesperación, ansiedad, depresión, psico traumas, estrés postraumático y suicidio son algunas de las consecuencias que las personas podrían presentar”, señala el psicólogo Erick Jarquín.

Además de psicosis de persecución y de cárcel. Trastornos del sueño y aislamiento porque son problemas difíciles de manejar y de acuerdo con este experto: “Una vez adquiridos imposibilitan a la persona desempeñarse en todas sus áreas vitales”.

“Este ha sido un año difícil para los nicaragüenses en general. La crisis sociopolítica y la pandemia se han combinado y han causado un fenómeno que nosotros llamamos: Ansiedad global”, agrega Jarquín. “Es un fenómeno de desesperanza, desanimo y perdida de seguridad emocional”.

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Sobre este tema, el analista defiende la idea que no existen datos prometedores para los privados de libertad, sin embargo, considera que pueden estabilizar sus emociones a través de intervención psicológica profunda, pero antes se requiere que el estado disponga de psicólogos carcelarios o psicólogos forense. 

“Aunque existen psicólogos en los sistemas penitenciarios del país, no brindan la misma atención que un especialista independiente porque se preocupa no por los reos, si no por los pacientes”.

Jarquín recomienda a la población en general, para evitar más problemas, pensar con claridad, realizar deportes, tomar agua, dormir bien, cuidar de la familia, redoblar esfuerzos para sufragar la situación económica y no perder la esperanza.