La manipulación oficial de Ortega en Nicaragua

El mandatario nicaragüense utilizó el sistema judicial que controla para criminalizar las protestas en su contra, con jueces leales que acusaron y condenaron a los manifestantes por crímenes ligados al "terrorismo"
Fotografía tomada de la web

Tras el inicio de las protestas que en Nicaragua exigían el fin del mandato del presidente Daniel Ortega en abril de 2018, más de 400 personas fueron procesadas en juzgados nicaragüenses entre mayo de ese año y mayo de 2019, acusadas de delinquir como parte de un intento por derrocar al Gobierno sandinista.

La crisis comenzó por la imposición de Ortega de una reforma a la seguridad social sin consenso, lo que generó un protesta de los jubilados por la reducción de sus pensiones. Entonces Ortega ordenó reprimir esas manifestaciones y la imagen de ancianos vapuleados generó un rechazo nacional que terminó en multitudinarias protestas que exigían el fin de 12 años de Gobierno autoritario. La respuesta oficial fue la peor matanza sufrida en Nicaragua en tiempos de paz, con la ejecución de crímenes de lesa humanidad contra la población desarmada, según un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Organización de Estados Americanos (OEA), conformado para investigar los hechos de violencia que desangran este país centroamericano. La represión de Ortega dejó al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, se llevaron detenciones consideradas ilegales por juristas independientes.

El líder campesino nicaragüense, Medardo Mairena, en Managua/Fotografía Oscar Navarrete para El País en alianza con Connectas.

Una investigación de EL PAÍS, en colaboración con CONNECTAS, identifica a 311 de estas personas detenidas: hombres y mujeres de entre 15 y 73 años, de 17 ciudades de Nicaragua, con oficios tan diversos como estudiantes, abogados, albañiles, artesanos, comerciantes, profesores, transportistas, exmilitares, campesinos o amas de casa. El único rasgo que tenían en común es que habían protestado contra la represión gubernamental. 

Kysha López fue condenada a 40 años de prisión acusada de financiamiento al terrorismo/Fotografía Oscar Navarrete para El País en alianza con Connectas.

Para contar cómo las autoridades nicaragüenses violentaron las garantías constitucionales de cientos de ciudadanos, recopilamos dos tipos de información: datos cuantitativos a través de una base de datos y aspectos cualitativos, obtenidos a partir de los testimonios de personas judicializadas en este contexto.

Dilon Zeledón, de 20 años, perdió la audición en su oído derecho por las torturas que recibió en prisión/Fotografía Oscar Navarrete para El País en alianza con Connectas.

La base de datos fue construida con información pública de 100 expedientes judiciales disponibles en el sistema virtual del Poder Judicial de Nicaragua, notas publicadas por medios de comunicación, comunicados oficiales de la Policía Nacional, comunicados oficiales del Ministerio de Gobernación, datos del Comité Pro Liberación de Presos Políticos y cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Olesia Muñoz vive en la clandestinidad tras ser liberada luego de haber sido condenada por participar en las manifestaciones contra Ortega/Fotografía Oscar Navarrete para El País en alianza con Connectas.

A través de esa base de datos se logró confirmar patrones de violaciones como detenciones y allanamientos con órdenes de autoridades competentes, derecho a la presunción de inocencia, derecho a ser puesto en libertad en un plazo de 48 horas si no se es presentado ante un juez, derecho a un juez natural, principio de proporcionalidad, principio de celeridad procesal.

Entrevistamos a ciudadanos que fueron procesados, sus abogados defensores, penalistas, académicos y expertos internacionales, quienes coincidieron en que en Nicaragua se manipuló el sistema de justicia para criminalizar a la disidencia de forma masiva. Aquí presentamos cuatro de estos casos. A través de estas historias se muestra cómo se violaron los derechos a la dignidad humana, el derecho a la defensa, el principio de legalidad, el principio de oralidad y publicidad de los juicios, el derecho a tener jueces imparciales y apegados a la ley.

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