El "negacionismo histórico" de Bukele mina avances en DDHH en El Salvador

Así lo afirmó a Efe la activista y candidata a ocupar la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Celia Medrado, quien señaló que atrás del "negacionismo histórico" del mandatario se oculta una intención electoral y de respaldo a la impunidad.

CONTINUIDAD DE LA IMPUNIDAD

Este 16 de enero se cumplen 29 años del final de la guerra civil salvadoreña, que entre 1980 y 1992 dejó al menos 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos, de acuerdo con cifras oficiales.

Bukele, que llegó al Ejecutivo con la bandera la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA, derecha), catalogó recientemente los acuerdos firmados por el Gobierno salvadoreño y la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), ahora partido de oposición, de ser un "negocio".

En una visita al caserío El Mozote (noreste), donde el Ejército masacró a unos 1.000 campesinos en 1981, la mayoría niños, no negó que mancilla dichos acuerdos y los catalogó de ser una "farsa".

Los referidos acuerdos, firmados en México en 1992 bajo la venia de las Naciones Unidas, incluyeron una serie de reformas constitucionales que permitieron los sucesivos cambios de gobierno de manera pacífica, incluida la ascensión al poder Ejecutivo de Bukele.

"En el discurso negacionista, hablando de los Acuerdos de Paz y su importancia histórica, subyace una intención de cubrir algo más importante, que es la incapacidad de la actual gestión gubernamental de cumplirle a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado", sostuvo Medrano.

La experta recordó que el mandatario prometió a los sobrevivientes de El Mozote entregar todos los archivos en poder del Ejército relacionados con este crimen de lesa humanidad, por el que son procesados más de una docena de mandos militares retirados.

No obstante, Bukele respaldó un bloqueo en 2020 a una serie de inspecciones judiciales en varias unidades militares y únicamente entregó fotocopias de informes que anteriores administraciones ya habían entregado al juez de la causa.

Medrano advirtió que la posición gubernamental, que por segundo año consecutivo no conmemorará el armisticio, podría responder a "las mismas fuerzas" que impulsaron en 1993 la amnistía de los crímenes de guerra y de lesa humanidad y que se impusieron durante los dos gobiernos del FMLN (2009-2014 y 2014-2019) para mantener cerrados los archivos militares.

"Son las mismas fuerzas que tienen el poder todavía ante este nuevo gobierno de imponerse y garantizar la continuidad de la impunidad", subrayó.

ELECCIONES A LA VISTA

Para Medrano, detrás de la narrativa de que los acuerdos fueron una "farsa" y un "negocio" se encuentra "una visión obtusa electoral" de cara a las elecciones legislativas y municipales de febrero próximo.

Se espera que Nuevas Ideas, partido creado por un movimiento de Bukele y dirigido por un primo suyo, logre la mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa, actualmente dominado la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y el FMNL.

La firma de las paz en El Salvador se dio por representantes de la exguerrilla FMLN y del Gobierno, en esa época en manos de Alfredo Cristiani, de Arena.

"Mantienen el planteamiento que si los Acuerdos de Paz fueron firmados por protagonistas de Arena y el FMLN, hay que negar a esos actores a partir de negar los méritos que pudieron haber protagonizado" con el final de la guerra, añadió.

Indicó que esto "evidencia una visión muy corta con respecto a los aspectos históricos que permiten tener una vida política bajo estándares al menos mínimos de garantías".

"Negar los Acuerdos de Paz es justificar las violaciones a derechos humanos, políticos y civiles que ya estaban ganados por la sociedad salvadoreña", indicó Medrano y advirtió que estos "van en marcada regresión a partir de gestos autoritarios de la actual gestión".

¿BUKELE CONTRA LA HISTORIA Y CONTRA LA CONSTITUCIÓN?

En el marco de esta negación de los Acuerdos de Paz y del ingreso de Bukele acompañado de militares armados con fusiles de asalto en febrero de 2020 para presionar por fondos, Medrano considera que el mandatario no posee la legitimidad para buscar una reforma constitucional.

El jefe de Estado designó al vicepresidente, Félix Ulloa, para encabezar un estudio y presentar una propuesta de reforma a la Carta Magna, proceso en el que no se termina de aclarar si se pretende habilitar al presidente para buscar un segundo período consecutivo.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) señaló en una fallo en 2014 que se puede buscar la reelección al transcurrir 10 años de finalizado un primer mandato.

"Estamos hablando de un actor político que tiene el poder formal en el Ejecutivo que claramente ha desacatado y ha invitado a desacatar a los otros órganos del Estado. Eso deslegitima desde un primer momento una iniciativa de reforma constitucional", sostuvo Medrano.

Hugo Sánchez