El órgano Legislativo pide al Ejecutivo salvadoreño respetar el silencio electoral

El silencio electoral, en vigencia desde el jueves, veta la propaganda partidista en medios de comunicación, mítines, manifestaciones, concentraciones, hojas volantes, vallas o altavoces en lugares públicos.

Ponce denunció, a través de Twitter, que "el Ejecutivo continúa utilizando mecanismos del Estado y prevaleciédose de la institucionalidad para pedir el voto, violentando el silencio electoral y demás ordenamiento jurídico salvadoreño vigente".

Lo anterior en referencia a anuncios del Gobierno difundidos principalmente en la televisión, a pesar de la vigencia del silencio electoral que también incluye una prohibición a la publicidad gubernamental.

"Los salvadoreños estamos en un momento de reflexión a pocas horas de decidir quiénes serán los próximos gobernantes. Es importante que se respete la ley y no se haga uso del aparato del Estado para estar llamando al voto", apuntó el presidente del Congreso.

Ponce exhortó al Gobierno central a "dar ejemplo y se abstenga de seguir violando nuestras leyes y respete el silencio electoral".

Más de 5,3 millones de salvadoreños están convocados el domingo para elegir a 84 diputados de la Asamblea Legislativa, 262 consejos municipales y 20 miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Se prevé que las elecciones del domingo inclinen la balanza de la Asamblea Legislativa a favor de los partidos oficialistas, principalmente a Nuevas Ideas (NI), fundado por un movimiento del presidente Nayib Bukele y dirigido por un primo suyo.

Actualmente, el órgano Legislativo se encuentra en manos de los partidos opositores Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), ambos suman al menos 58 diputados.

La relación del Ejecutivo de Bukele con la Asamblea Legislativa ha estado marcada por la confrontación, misma que se agudizó con la pandemia de la covid-19.

En manos de la próxima legislatura estará la elección de un tercio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que podría inclinar a favor del Gobierno de Bukele las relaciones con los órganos Legislativo y Judicial.