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Fiscal general de Filipinas se opone al viaje de Ressa a Oslo por el Nobel

Ressa fue reconocida con el Nobel de la Paz 2021, junto con el reportero ruso Dmitri Murátov, por su esfuerzo "para salvaguardar la libertad de expresión" en sus países.

Noviembre 26, 2021 08:06 AM

Bangkok, 26 nov (EFE).- El fiscal general de Filipinas se opone a que la última ganadora del premio Nobel de la paz, la periodista Maria Ressa, viaje a Noruega para la ceremonia de entrega del galardón por estimar que existe riesgo de fuga, al estar inmersa en varios procesos judiciales en el país.

El fiscal general, Jose Calida, ha presentado un recurso a la Corte de Apelaciones para que se le deniegue a Ressa el permiso que ha solicitado para viajar a Oslo y recoger el premio el próximo 10 de diciembre por ser un "viaje de riesgo", según informó este viernes el portal de noticias Rappler, que fundó y dirige la propia Ressa.

"Sus críticas recurrentes a los procesos legales de Filipinas ante la comunidad internacional revelan su falta de respeto por el sistema judicial, lo que lo convierte en un vuelo de riesgo", argumentó Calida en su escrito.

La periodista filipina está ahora en Harvard, en Estados Unidos, donde ha ido para dar una serie de conferencias tras recibir la autorización de la Corte de Apelaciones, que exige que esté de vuelta en Filipinas la próxima semana.

                                                    
Ressa fue reconocida con el Nobel de la Paz 2021, junto con el reportero ruso Dmitri Murátov, por su esfuerzo "para salvaguardar la libertad de expresión" en sus países.

La periodista, que se enfrenta a seis casos criminales por presunta evasión de impuestos y vulneración de las leyes de propiedad de los medios, fue condenada en junio 2020 por ciberdifamación por un tribunal filipino.

Por este caso se enfrenta a una pena de hasta seis años de cárcel, aunque se encuentra en proceso de apelación, pena que puede ascender a varias décadas si es declarada culpable de los otros cargos financieros.

Ressa está sometida a una campaña de persecución judicial desde que empezó a investigar la guerra contra las drogas emprendida en 2016 por el presidente filipino, Rodrigo Duterte, y su lucha contra la desinformación y las noticias falsas.
 

 

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