El gremio de farmacias pide al Supremo suspender la rebaja de medicinas en Panamá

La Unión Nacional de Propietarios de Farmacias (Unprofa) de Panamá pidió este lunes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que suspenda los efectos de un decreto y una resolución del Gobierno que establece la rebaja del 30 % en el precio de 170 medicamentos porque los llevará "a la quiebra".

"Nos encontramos sumamente preocupados porque este decreto inconsulto nos lleva a la quiebra inmediata de nuestras farmacias", dijo el presidente de Unprofa, Orlando Pérez, en declaraciones a la prensa a las puertas de la sede del máximo tribunal panameño.

Unprofa aglutina unas 450 pequeñas farmacias que generan alrededor de 5.000 empleos, según datos de la organización, que denuncia que ni las distribuidoras ni los laboratorios farmacéuticos han asumido la rebaja de 30 % ordenados por el Gobierno panameño y que estos comercios no pueden hacerlo solos.

Los distribuidores aún hacen "la nota de crédito de los productos" que habían comprado las farmacias antes de la orden gubernamental, ni tampoco les "están despachando los medicamentos de su distribuidora, aduciendo que aún los laboratorios no les han confirmado ese 30 %" de rebaja en el precio, dijo Pérez.

"En este momento hay un desabastecimiento a nivel nacional donde la población panameña es la más perjudicada", agregó el líder gremial, que alertó que "lo más seguro es que los propietarios de farmacias en los próximos días" comiencen a "despedir a algunos trabajadores" porque el negocio "no da para pagar los gastos operativos".

A mediados de este mes, el Gobierno de Laurentino Cortizo estableció una rebaja del 30 % en el precio de 170 medicamentos por 6 meses prorrogables, como vía para atajar la carestía de las medicinas, que junto con el alto costo de los alimentos y el combustible produjo una ola de protestas de gremios en julio pasado.

A raíz de esta orden "inconsulta", al menos 400 pequeñas farmacias afiliadas a la Unprofa cerraron durante varios días porque la medida los "ahogaba".

Las protestas de julio pasado llevaron al Gobierno a la instalación de una cuestionada mesa de diálogo con los sindicatos y gremios para consensuar una serie de medidas, que incluyen control y regulación de precios que están produciendo escasez de alimentos y medicamentos, según denuncian los consumidores y gremios.