Abolición del Ejército en Costa Rica, 75 años del hito entre retos sociales y de seguridad
Costa Rica cumple este viernes el 75 aniversario de la abolición de su Ejército, un hito que puso al país en la palestra mundial como referente de paz y democracia y que su ciudadanía celebra en la actualidad en medio de grandes retos sociales y de seguridad.
El 1 de diciembre de 1948 el caudillo José Figueres Ferrer decidió, luego de ganar la última guerra civil de Costa Rica, eliminar el Ejército en un histórico acto simbólico en el que dio un mazazo a una pared del Cuartel Bellavista, el último cuartel militar que tuvo el país y que hoy es el Museo Nacional.
La Constitución Política de 1949, vigente en la actualidad, ratificó la decisión de 'Don Pepe' Figueres y eliminó el Ejército como institución permanente del país y alejó a Costa Rica de escenarios de guerra o golpes de Estado.
La historia oficial indica que a partir de entonces las fuerzas políticas costarricenses de diversas ideologías alcanzaron acuerdos que permitieron al país aumentar sus inversiones en el área social, la educación y la salud, con lo que Costa Rica obtuvo los mejores indicadores de América Latina.
Jorge Vargas, director del Programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores, dijo a EFE que el legado de la abolición del Ejército se mantiene hasta hoy en cuanto al ordenamiento y dispersión de las fuerzas de policía, la apuesta por el derecho internacional, y en el sentimiento del costarricense de que la democracia es la mejor forma de Gobierno.
"La abolición del Ejército fue una enorme innovación social y política para Costa Rica y lo fue también para el mundo", comentó Vargas, quien recordó que la decisión de Figueres también fue táctica luego de una intentona de golpe de Estado en su contra tras ganar la guerra.
La Constitución también creó una serie de instituciones de control para evitar abusos de poder del presidente y además, para garantizar la pureza del voto, se creó el Tribunal Supremo de Elecciones con estatus de poder de la República.
Un legado en medio de grandes retos sociales y de seguridad
Vargas afirmó que parte del legado es que en Costa Rica "nadie piensa en restituir el Ejército", incluso en momentos como el actual en el que el país está firmando su peor registro en materia de homicidios y en el que la actividad del narcotráfico pareciera ir en aumento.
Al 30 de noviembre Costa Rica contabiliza 836 homicidios, un 42 % más en comparación con los 588 que se registraba a la misma fecha de 2022, de acuerdo a datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El OIJ atribuyen más del 60 % de los homicidios a las bandas narcotraficantes.
El "contrato social" alcanzado después de la guerra del 48 y la abolición del Ejército se ha ido deteriorando, lo que abre una serie de desafíos que requieren de mucho diálogo y acuerdos políticos, dijo Vargas.
Recordó que después de la guerra de civil de 1948 Costa Rica apostó por un sendero que le permitió anudar crecimiento económico con un "Estado de bienestar", políticas sociales, de educación, de vivienda social y universalización de la salud, en el marco de la construcción de una sociedad democrática que no estuvo exenta de represión y exilio en la década de 1950.
"Se está rompiendo ese contrato social de que era posible tener una sociedad desarmada, democrática, con crecimiento económico inclusivo, mejor distribución de la riqueza, en armonía con la naturaleza. Esa promesa se está rompiendo y es un problema muy serio", aseveró Vargas.
El académico explicó que Costa Rica enfrenta problemas de inclusividad del crecimiento porque han "logrado mejorar los números fiscales a costa de estar recortando la política social que va de lo universal de salud y educación, a lo específico para los pobres".
En la actualidad, Costa Rica registra un índice de pobreza del 21,8 % de los hogares y del 6,3 % de pobreza extrema, mientras que la desigualdad en 2023 se situó en 0,502 en el coeficiente de Gini, en la que cuanto más cerca de 1, mayor es la desigualdad.
En cuanto al desempleo, la cifra actual es del 8,1 %, pero con una tasa de participación de apenas el 54,3 % y con un empleo informal del 38,3 %.
"Una sociedad que era de las más equitativas en el continente en la parte de ingreso ahora es de las más inequitativas", subrayó Vargas.
Douglas Marín