Reprograman juicio por matanza indígena en Guatemala tras renuncia de los abogados del acusado
Lucas García, de 92 años, será ahora representado por un abogado público asignado por el Estado
El juicio por la masacre de 1.771 indígenas ixiles, ocurrido entre 1982 y 1983 a manos del Ejército de Guatemala, fue reprogramado este lunes tras la renuncia de los abogados del exgeneral Manuel Benedicto Lucas García, acusado de genocidio por este caso.
La decisión de los abogados fue anunciada al empezar el debate oral y público en el Tribunal de Mayor Riesgo 'A' del Organismo Judicial guatemalteco, por lo que el proceso continuará el próximo 5 de abril tras la reprogramación del mismo.
Lucas García, de 92 años, será ahora representado por un abogado público asignado por el Estado, la jurista Teresa Martínez Velásquez, en reemplazo de Jorge Lucas y Yeiny Ortiz, quienes estaban a cargo de la defensa del exmilitar.
El exgeneral del Ejército guatemalteco compareció en la audiencia oral y público por teleconferencia, ya que se encuentra en arresto domiciliario, debido a su edad, por otro caso en su contra.
Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala entre 1982 y 1983, se encuentra sindicado por la masacre de 1.771 indígenas en el norte del país durante el conflicto armado interno (1960-1996).
El exmilitar está señalado por los delitos de genocidio, deberes contra la humanidad, desaparición forzada y violencia sexual.
Las víctimas de la masacre, entre 1982 y 1983, son indígenas mayas ixiles, quienes el Ejército guatemalteco consideró como "enemigos del Estado" durante la guerra interna, de acuerdo a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag), que actúa como querellante en el caso.
El exalto jefe militar es hermano del ya fallecido expresidente Fernando Romeo Lucas García (1978-1982).
El también fallecido dictador José Efraín Ríos Montt, quien gobernó de facto entre 1982-1983, fue capturado, juzgado y condenado en 2013 a 80 años de prisión por el mismo caso.
Sin embargo, por errores en el proceso, la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal de justicia de Guatemala, anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio.
El conflicto armado interno en Guatemala fue uno de los más sangrientos del continente y dejó al menos de 240.000 personas asesinadas o desaparecidas, de acuerdo a cifras de informes divulgados por organismos internacionales.
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