Más de 3.780 casos de violaciones a derechos humanos se reportan en El Salvador, según una ONG

Más de 3.780 casos de personas con derechos humanos vulnerados durante la implementación de un régimen de excepción en El Salvador para combatir a las pandillas, según registra la organización no gubernamental Cristosal, cuyas estadísticas fueron compartidas este jueves a EFE.

De acuerdo con Cristosal, cuyos registros van desde el 27 de marzo de 2022 al 27 de marzo del presente año, en dos años de la medida ha recibido 3.643 casos de denuncias de violaciones a derechos humanos, con 3.789 víctimas "directas".

El 96,76 % de las denuncias son por detención arbitraria, el 25,7 % por allanamientos ilegal de morada y el 9,9 % por malos tratos, según los datos.

La mayoría de las personas afectadas, de acuerdo con Cristosal, son jóvenes de entre 18 y 30 años, con el 57,4 % de los casos, principalmente hombres; le siguen las personas de entre 31 y 41 años con un 24,9 % y las de 42 años o más con un 12,8 % del total.

También se registran 62 casos de personas de la comunidad LGTBIQ+ afectadas y los victimarios son en su mayoría son agentes de la Policía Nacional Civil, indica la organización.

La polémica medida de régimen de excepción, que por el momento ha contribuido a la disminución de homicidios en El Salvador y que ha dejado más de 78.500 detenciones, cumplió el miércoles dos años de su implementación, ya que fue decretada el 27 marzo de 2022 tras una oleada de asesinatos en un fin de semana.

El régimen goza de la aceptación de una buena parte de la población, en especial de los ciudadanos que viven en comunidades y barrios históricamente afectados por la violencia de las pandillas, y elevó la popularidad del presidente Nayib Bukele.

Amnistía Internacional (AI) alertó el miércoles que la crisis de derechos humanos en El Salvador, provocada por la implementación del régimen, podría profundizarse en el segundo mandato del presidente Bukele.

La organización señaló en un comunicado que después de dos años del régimen de excepción y del comienzo de una serie de reformas a la legislación penal, el Estado salvadoreño persiste en evadir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al sostener estas medidas como el principal elemento en su estrategia de seguridad.