El Salvador detuvo un "intento de acto de terrorismo" en vísperas de investidura de Bukele
Un fuerte dispositivo de seguridad -compuesto por militares y policías- fue desplegado en San Salvador antes y durante la toma de posesión de Bukele
Agentes de Seguridad de El Salvador "cortaron" un "intento de acto de terrorismo" que supuestamente se llevaría a cabo el pasado sábado durante la toma de posesión del presidente Nayib Bukele para un segundo mandato consecutivo, según confirmaron a EFE este lunes fuentes de la Casa Presidencial.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó el viernes de la captura de siete "dirigentes de veteranos de guerra" por, según la corporación, "planificar atentados con explosivos en varios puntos del país" el día de la investidura, el 1 de junio.
Los supuestos veteranos "estaban agrupados en la llamada Brigada de Insurrección Salvadoreña" y su objetivo, indicó la Policía, "eran detonar gasolineras, supermercados e instituciones públicas".
La entidad añadió que parte de "los explosivos" fueron localizados en el distrito de Guazapa, 28 kilómetros al norte de la capital salvadoreña.
Entre el material decomisado por la Policía están "bolsas de sulfato de amonio" usado supuestamente para "provocar más daño al estallar los explosivos", hierro y tubos plásticos.
Se desconoce, hasta el momento, si las personas detenidas han sido presentadas a los tribunales correspondientes para ser procesados.
Tampoco la Fiscalía General ha brindado más información o detalles sobre las detenciones, los materiales encontrados ni tampoco ha confirmado si sigue una investigación al respecto.
Un fuerte dispositivo de seguridad -compuesto por militares y policías- fue desplegado en San Salvador antes y durante la toma de posesión de Bukele, lo que también incluyó a francotiradores que se ubicaron el día del evento en lo alto de edificios cercanos al Palacio Nacional, donde se realizó la ceremonia.
Según el presidente Bukele, El Salvador se ha convertido en el país "más seguro del hemisferio occidental" por la reducción de homicidios atribuida, en buena parte, a la medida de régimen de excepción, implementada por el Gobierno para combatir a las pandillas y que suspende algunos derechos, como el de la defensa.
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