Gobierno de Costa Rica propone un referéndum para reformar la Contraloría General

El Gobierno de Costa Rica propuso este miércoles la realización de un referéndum que pretende reformar la Contraloría General de la República, un ente fiscalizador del que se ha quejado constantemente el presidente Rodrigo Chaves.

El gobernante presentó este miércoles ante el Congreso el proyecto de 'Ley Jaguar para el Desarrollo de Costa Rica' y solicitó a los diputados que la convoquen a referéndum, pero de forma paralela también impulsará ante el Tribunal Supremo de Elecciones la convocatoria por la vía ciudadana, que requiere las firmas del 5 % del padrón electoral.

El proyecto de 'Ley Jaguar', llamado en alusión al felino con el que Chaves compara a la economía de Costa Rica, reforma 6 artículos de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y uno de la Ley de Control Interno de esa entidad.

Chaves dijo este miércoles que el objetivo es "evitar interpretaciones absurdas, arbitrarias e ilegales" de la Contraloría y contar con "una Contraloría que funcione y no una que no avanza ni deja avanzar".

El presidente aseguró que la iniciativa busca "fortalecer a la Contraloría desde el punto de vista del interés general de la nación" y luego citó una lista de proyectos de infraestructura que a su juicio se podrían desarrollar mejor si las reformas son aprobadas en el referéndum.

Los partidos de oposición informaron este miércoles que analizarán a profundidad la propuesta, pero advirtieron que no estarán de acuerdo si existe un debilitamiento de los mecanismos de control y fiscalización de los fondos públicos que realiza la Contraloría.

Según han publicado medios de comunicación críticos al Gobierno, la propuesta de 'Ley Jaguar' limita las potestades de la Contraloría y resta poder a sus resoluciones de acatamiento obligatorio.

El principal punto de discordia del Gobierno con la Contraloría ha sido el proyecto de Ciudad Gobierno, el cual pretende concentrar en un complejo de edificios a diversas instituciones del Estado y que se financiará con 450 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La Contraloría advirtió al Gobierno en septiembre pasado que el mecanismo que se acordó con el BCIE para la construcción y arrendamiento en terrenos del Estado de la Ciudad Gobierno, no está estipulado en la legislación costarricense.

Chaves ha dicho que esa posición de la Contraloría es "antojadiza" y "arbitraria", y también ha criticado una advertencia de la entidad hacia un proyecto de asociación pública privada con la que se pretende construir con inversión privada en terrenos del Estado una marina en la provincia de Limón (Caribe).

En la propuesta de referéndum también va incluida la modificación a un artículo de la Ley de la estatal Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva) que despejaría el camino para desarrollar la marina de 850 millones de dólares.

La ministra de Planificación Nacional, Laura Fernández, insistió en que las reformas buscan "fortalecer a la Contraloría para que oriente mejor sus baterías y su trabajo".

"No se le están disminuyendo funciones, no se le está atacando, no se está buscando eliminar controles ni debilitar la fiscalización", apuntó.

El presidente Chaves anunció en mayo pasado que impulsaría un referéndum multitemático que abarcaría numerosos temas, pero finalmente se decantó por apostar únicamente por las reformas a la Contraloría y a Japdeva.

En Costa Rica solo ha habido un referéndum nacional, el cual se llevó a cabo en el 2007 cuando la ciudadanía aprobó el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica.