Viceministro y exministro de Guatemala señalados de tortura y ejecución

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía señalaron al viceministro de Interior Kamilo Rivera y al exministro de la misma cartera Carlos Vielmann, capturado este lunes, de ejecuciones extrajudiciales y tortura.

Los dos entes investigadores, que realizaron 14 allanamientos y ejecutaron cuatro órdenes de captura por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo A, indicaron que hay evidencias de "siete hechos nuevos" cometidos por la estructura criminal paralela que se dedicaba a realizar ejecuciones extrajudiciales.

Esto desde el Ministerio de Gobernación durante el período del 2004 al 2007, cuando era ministro Vielmann, juzgado y absuelto en España por crear un cuerpo policial clandestino que asesinó en 2005 y 2006 al menos a ocho presos.

"Los nuevos hechos que se imputarán tienen sustento en antiguos y recientes elementos probatorios que permiten señalar la participación de un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad (ciacs) en su versión más clásica", aseguraron.

Por este caso fue capturado Vielmann, acusado de ejecución extrajudicial y tortura; el exsubdirector de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC), Stu Velasco; Víctor Manuel Ruíz y Francisco Guarcas, acusados de ejecución extrajudicial.

Mientras que el actual viceministro Kamilo Rivera, acusado del mismo delito, está prófugo de la Justicia.

Asimismo, anunciaron que se citará a Axel Arnoldo Martínez Arreaza (ejecución extrajudicial), Ersin Johann Sperisen Vernon (ejecución extrajudicial y tortura), Víctor Hugo Soto Diéguez (ejecución extrajudicial y tortura).

El caso se remonta al 22 de octubre del año 2005, cuando se fugaron 19 privados de libertad de la cárcel de alta seguridad de Escuintla denominada "El Infiernito".

En ese entonces las autoridades pusieron en marcha el "Plan Gavilán" con el objetivo de recapturar a los prófugos, pero la que parecía ser "una orden normal" dentro de las fuerzas policiales ante una situación era "sólo la fachada legal de lo que posteriormente se convertiría en ejecuciones extrajudiciales organizadas desde la cúpula del Ministerio de Gobernación y la PNC".

De esta manera, el Ciacs que operaba en el Ministerio de Gobernación y en la Policía Nacional Civil cometió "graves violaciones al debido proceso y los derechos humanos de las personas que, estando ya bajo su custodia, fueron ejecutadas extrajudicialmente".

Para ello, se valieron de toda la infraestructura estatal que utilizaron para llegar a las personas que eran objetivo de búsqueda y, posteriormente, grupos armados ilegales decidían cómo ejecutar a los detenidos.

En diligencias de investigación recientemente practicadas se pudo conocer que el entonces Jefe del Servicio de Inteligencia Criminal, Víctor Soto, dijo a una de las víctimas que el nombre del plan de ejecuciones extrajudiciales "Gavilán" se explicaba porque, al igual que dichas aves, los actores tomaban a la presa (los reos) en un lado y se los destrozan (ejecutaban) en otro lugar.

Las ejecuciones extrajudiciales realizadas "mantenían patrones" comunes: primero, el grupo integrado para ejecutar el "Plan Gavilán" era el designado para ubicar a las personas; una vez realizada la ubicación o captura, el equipo paralelo criminal integrado por PNC y comandado desde el Ministerio entraba a darle muerte al prófugo.

Para ello, utilizaban capuchas, ropa tipo comando y armas largas (AK-47 y AR-15), y después de capturarlos trasladaban a las víctimas a un lugar distinto, simulaban un enfrentamiento y colocaban armas en las manos de los fallecidos.

Al finalizar la ejecución, altas autoridades acudían a la escena del crimen para dar "apariencia de legalidad" e incluso daban entrevista a los medios reforzando la versión oficial sobre el supuesto enfrentamiento.

La actual investigación se centra en siete hechos nuevos en los cuales tuvo participación dicha estructura criminal, que no han sido juzgados en tribunales nacionales o internacionales.

En la cúpula se ubicaba el entonces Ministro de Gobernación, Carlos Vielmann y el director de la Policía Nacional Civil condenado en Suiza Erwin Johann Sperisen Vernon.

En los hechos había dos grupos, uno liderado por el asesor del Ministro de Gobernación Víctor José Rivera Azuaje, hoy fallecido, y el comandado por Víctor Hugo Soto Diéguez, como Jefe del Servicio de Investigación Criminal (SIC).

Entre los medios de prueba la Fiscalía y la CICIG anunciaron 43 testimonios, dictámenes balísticos o informes policiales, que demuestran que tres personas fueron ejecutadas extrajudicialmente mediante montajes de falsos enfrentamientos con la policía.

Estos son Hugo Humberto Ruiz Fuentes, Douglas Sadiel Araúz Palacios y Adonis Asael Murillo, ciudadano hondureño quien no tenía implicación en los hechos.

EFE