Defensoría del Pueblo de Bolivia confirma 32 muertos por la violencia desatada tras el fraude electoral
Ocho personas perdieron sus vidas tras el operativo policial-militar en el sector de la planta de Senkata, en El Alto. El gobierno transitorio de Jeanine Áñez envió un proyecto al parlamento para celebrar elecciones cuanto antes
La Defensoría del Pueblo de Bolivia ha situado hasta este miércoles 2 de noviembre, en 32 el número de muertos a causa de la ola de violencia desatada en el país a raíz de las elecciones celebradas el pasado 20 de octubre.
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En un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, la Defensoría ha confirmado la “existencia de 8 personas fallecidas tras el operativo policial-militar en el sector de la planta de Senkata, en El Alto”.
“Durante el actual conflicto en el país, suman un total de 32 fallecidos”, señala el texto, que actualiza el balance de muertos hasta el momento.
La Defensoría del Pueblo confirmó la existencia de 8 personas fallecidas que perdieron la vida tras el operativo policial-militar en el sector de la planta de Senkata, en El Alto. Durante el actual conflicto en el país, suman un total de 32 fallecidos. https://t.co/bMv14Ehcew pic.twitter.com/9tRwpfDovu — Defensoría Bolivia (@DPBoliviaOf) November 20, 2019
El bloqueo de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB) en Senkata había ocasionado escasez de combustible tanto en El Alto como en La Paz.
El 80 por ciento del transporte público no estaba funcionando, según datos del sindicato local, en una ciudad en la que escasean también frutas, hortalizas y productos cárnicos, como el pollo.
Por su parte, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, continúa en la zona de Senkata en un intento de “promover la pacificación entre los vecinos del distrito 8”. “Pedimos a las autoridades suspender el sobrevuelo de aeronaves en el sector para mantener la tranquilidad en la población”, ha expresado.
El cerco a la planta se enmarca en las protestas que estallaron tras las elecciones presidenciales.
El ex presidente Evo Morales proclamó su victoria pero la oposición denunció un “fraude gigantesco” y la auditoria realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó “irregularidades”.
A la dimisión de Morales se sumaron las de otros altos cargos, entre ellos los llamados a sustituirle conforme a la línea sucesoria trazada por la Constitución, por lo que Jeanine Áñez, en calidad de vicepresidenta segunda del Senado, asumió las riendas del país.
Áñez ha prometido que se mantendrá en el poder sólo el tiempo que sea necesario para celebrar nuevas elecciones presidenciales, si bien ha aclarado que Morales no podrá competir en ellas, haciendo valer así el resultado del referéndum de 2017, que fue revertido por el Tribunal Constitucional.
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