Gobierno de Costa Rica en crisis por aprobación de decreto de acceso a datos

La publicación de un decreto que textualmente permitía a una unidad presidencial de análisis de datos acceder a información "confidencial" en Costa Rica, generó una crisis al Gobierno de Carlos Alvarado, quien ha tratado, sin mucho éxito hasta este martes (25.02.2020), capear el huracán mediante un reconocimiento de errores.

La Fiscalía recibió al menos tres denuncias contra el mandatario, su ministro de la presidencia, Víctor Morales, y otros funcionarios que participaron en la redacción del decreto, y por otra parte la Defensoría de los Habitantes comenzó una investigación, al igual que lo hará próximamente una comisión especial del Congreso

El Gobierno sostiene que el decreto, publicado el pasado 17 de febrero y derogado cuatro días después, tenía como fin crear la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), la cual debía recopilar datos macro que están dispersos por numerosas entidades públicas con el objetivo de analizarlos para que el Ejecutivo pudiera usar los resultados en la elaboración de Políticas Públicas.

El decreto también buscaba institucionalizar el trabajo de un equipo de tres personas que desde hace 18 meses analiza datos en la Casa Presidencial y que ha generado instrumentos para infraestructura educativa, vial y carcelaria, según explicó el Gobierno

La gran polémica surgió el pasado viernes cuando los medios de comunicación publicaron el decreto, en particular su artículo 7, el cual indicaba que "las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD (Unidad Presidencial de Análisis de Datos) para el cumplimiento de sus fines y objetivos, salvo aquellos casos particulares donde la información sea considerada como secreto de Estado".

Lluvia de críticas

El artículo agregaba que "también se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera. Dicha información mantendrá en todo momento su carácter confidencial, independientemente del acceso que se le brinde a la UPAD".

El mismo viernes, en medio de una lluvia de críticas y acusaciones de la oposición política y diversos sectores, el Gobierno derogó el decreto para abrir un espacio de diálogo sobre la necesidad de hacer política pública basada en la ciencia de los datos, y el lunes reconoció, por medio del ministro de la Presidencia, Víctor Morales, el error de incluir la frase "información confidencial".

El lunes los partidos de oposición en el Congreso lanzaron duras críticas al Gobierno y al presidente Alvarado por el decreto y por el funcionamiento del equipo de análisis de datos.

La noche del lunes, el presidente Alvarado emitió una cadena en la que pidió disculpas a los costarricenses por lo que consideró un error en la redacción del decreto y afirmó que nunca se han recopilado datos personales sensibles porque ese no era el propósito de la unidad de análisis y porque tampoco las leyes lo permiten.