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Misioneras de la Caridad expulsadas de Nicaragua tendrán una Fundación en Costa Rica

Las monjitas de la Caridad expulsadas de Nicaragua podrían liderar un proyecto de evangelización y de asistencia a pobres en Costa Rica
Foto con fines ilustrativos.
Cortesía

Las misioneras de la Orden Madre Teresa de Calcuta, que fueron expulsadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, podrían liderar un proyecto de evangelización y asistencia de pobres en Costa Rica,  publicó en su página de Facebook, monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora, obispo de la Diócesis de Tilarán-Liberia.

Monseñor Salazar recibió a las 18 religiosas que pisaron suelo costarricense el 6 de julio, luego de que autoridades policiales nicaragüenses les notificaran que debían abandonar de inmediato el país. El prelado costarricense escribió que las religiosas perdieron todos sus bienes y que cuando las recibió en la frontera “les propuse una fundación en Cañas, asunto que tuvo eco en ellas”. 

“Después de negociaciones puedo decirles extraoficialmente: les presento la fundación, como un deseo o proyecto hablado, pero aún no han firmado un contrato”, exaltó el obispo. Como hombre de fe, monseñor Salazar pide a los fieles católicos que oren para que se concretice. El proyecto “sería una casa con seis religiosas dedicadas a la evangelización y a la asistencia de pobres”. 

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El prelado costarricense solicita a los fieles cooperar con esta religiosa. La Orden Madre Teresa de Calcuta llegó al país hace unos 40 años con la fundación de la Asociación Misioneras de la Caridad el 16 de agosto de 1988, durante el primer régimen sandinista.

El 6 de julio pasado, las religiosas fueron expulsadas del país tras la cancelación de la personería jurídica por parte de la Asamblea Orteguista. Según el régimen, las misioneras no estaban acreditadas “por el Ministerio de Familia para funcionar como Guardería – CDI, Hogar de niñas y Asilo de ancianos”.

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Tampoco “tienen permiso de funcionamiento por el Ministerio de Educación para realizar reforzamiento de aprendizaje” y sus “estados financieros reportados al Ministerio de Gobernación no coinciden con los documentos presentados en la supervisión”.

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