México dice que empresa de cónsul de Nicaragua no vigilaba centro de migrantes donde murieron 39 personas

Luego de que el periodista mexicano Carlos Loret de Mola informó que la empresa del cónsul de Nicaragua en México, Elías Valdez Cabrera, vigilaba el centro de migrantes donde hubo un incendio en el que murieron 39 personas, hoy el gobierno de ese país reveló cuál que la vigilancia la ejerce otra compañía.

Este jueves, el gobierno mexicano informó que canceló el contrato a la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA, que resguardaba el albergue de Ciudad Juárez y dijo que ya tienen identificados a los socios, representantes y apoderados legales para iniciar las investigaciones, descartando así que fuera Servicios Especializados de Investigación y Custodia, del cónsul, la contratada, pues había perdido el contrato en enero de 2022.

“Tenemos identificada y se revisó todo el expediente de la empresa de seguridad privada, que prestaba sus servicios en la estación migratoria de Ciudad Juárez, la cual es grupo de seguridad privada, CAMSA S.A. de CV, cuya solicitud de registro ante la dirección General de seguridad privada de esta Secretaría es del 3 de septiembre de 2020, con una autorización vigente a febrero de 2024, se encuentra registrada bajo la modalidad de empresa para proporcionar seguridad privada en todo el territorio nacional”, dijo la Secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez en conferencia de prensa, en cita del portal sin embargo.com.

Lea más: Presidente de México otorga contratos millonarios a cónsul honorario del régimen de Daniel Ortega

Según el informe de Rodríguez, los socios son David Vicente Salazar Gasca y George McPhail.

Ya giraron órdenes de detención

“De la revisión del expediente derivó una primera irregularidad, ya que la empresa solo tenía reportados en su registro a cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes, sin embargo, el contrato con el INM era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados de la República”, destacó la funcionaria.

De acuerdo con las investigaciones, la empresa de seguridad privada no cuenta con permiso de portación de armas y en los informes mensuales que está obligado a rendir, no reportó altas o bajas del personal.

Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, informó que se concedieron seis órdenes de aprehensión en contra de tres funcionarios del INM, dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio por los delitos de homicidio doloso, con dolo eventual y por lesiones.