Costa Rica aprueba extradición de dos opositores de Daniel Ortega

El Tribunal de Juicio de Puntarenas en Costa Rica ordenó la extradición de los nicaragüenses Douglas Álvarez Morales y el exconcejal liberal Reinaldo Picado Miranda, quienes fueron señalados en su país por la justicia sandinista del presunto delito de asesinar a una oficial y un trabajador de una empresa agroindustrial en Río San Juan.

“Acoger y declarar con lugar la solicitud de extradición iniciada por Nicaragua”, se lee en la sentencia a la que el medio aliado Despacho505 tuvo acceso y misma que fue apelada por los nicaragüenses involucrados el pasado 22 de agosto, sin éxito, pues el Tribunal de Apelaciones de Alajuela confirmó la orden de extradición para ambos con un plazo de dos meses para ser efectiva.

Tanto el campesino chontaleño Douglas Álvarez como el exconcejal de Kukra Hill Reinaldo Picado se declararon perseguidos políticos y aseguraron que los delitos que se les adjudican son fabricados por el régimen de Daniel Ortega que los acusa de pertenecer a una banda de asaltantes que el 1 de octubre de 2022 asesinó a la oficial Aracely Marisol Díaz Salinas, de 21 años y a Pedro Chavarría Rivas, de 56, en la comunidad rural Buena Vista del municipio El Castillo, Río San Juan.

Desde octubre de 2022, la Policía Orteguista solicitó la detención y extradición al director de la Fuerza Pública de Costa Rica, Daniel Calderón, según la sentencia emitida por las autoridades costarricenses, pese a que los opositores llegaron a Costa Rica en el mes de septiembre de 2018 en busca de refugio.

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Los dos nicaragüenses opositores explicaron en el recurso de apelación que en el caso del exconcejal Picado Mirando, debió abandonar antes del año el cargo para el que fue electo en noviembre de 2017 por el partido Liberal Constitucionalista (PLC) por un período de cinco años por la perseción política en su contra.

En el recurso de apelación Reinaldo Picado Miranda explicó que salió de Nicaragua en septiembre de 2018, pese a que fue electo concejal en noviembre del 2017 por el partido Liberal Constitucionalista (PLC), para el periodo de enero 2018 a enero del 2023, pero debido a la persecución política ni siquiera permaneció un año en el cargo. 

El expediente refiere que ambos llegaron ese mismo día a Costa Rica en busca de refugio y el exconcejal hasta fue atendido en un hospital producto de una herida de bala que recibió durante las protestas contra el régimen, detalló el medio. 

Sin embargo, la justicia costarricense rechazó todos los alegatos presentados por los opositores y resolvió que en Nicaragua no existía la pena de muerte por lo tanto sus vidas no estaban en peligro rechazando en su totalidad la solicitud de asilo.