Nicaragua cerrará con 804.000 desplazados en 2023, un 11,34 % de su población

Nicaragua alcanzará la cifra récord de 804.000 desplazados -el 11,34 % de su población- al finalizar el 2023, debido a la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, según los cálculos de una ONG nicaragüense divulgado este lunes.

"A septiembre del 2023 al menos 642.397 nicaragüenses se habían visto obligados a desplazarse fuera del país, y, según estimaciones, si la curva migratoria continuaba, al cierre de este año esa cifra alcanzaría las 804.000 personas, lo que representaría el 11,34 % de nuestra población", indicó el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más en una declaración con ocasión del Día Internacional de la Persona Migrante.

Esa ONG, que es autora del informe "Situación de las personas nicaragüenses desplazadas forzadas", anotó que esa cifra sigue "siendo por mucho el mayor desplazamiento forzado de la historia de nuestro país", superior incluso al de la década de 1980, cuando en Nicaragua se libró una guerra civil que dejó decenas de miles de muertos.

Ese Colectivo, integrado por activistas nicaragüenses exiliados, anotó que desde abril de 2018 Nicaragua vive un "estado de excepción de facto, en el cual agentes estatales y paraestatales cuentan con total garantía de impunidad para la comisión de crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones a derechos humanos".

"Esta situación ha generado la anulación de la democracia, las libertades y el deterioro económico del país", denunció.

Las consecuencias que sufren los desplazados

Esa ONG alertó que esas poblaciones enfrentan rupturas familiares, estigmatización o discriminación en los países receptores, así como falta de empleo y condiciones de vulnerabilidad que atentan constantemente contra su integridad física, psíquica y moral, su vida, salud y la vigencia real de sus derechos.

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"No podemos omitir que el exilio está antecedido de un esquema de persecución, de estigmatización, criminalización y despojo inconstitucional de los derechos; las personas consideradas como opositoras, defensoras, o que disientan del Gobierno, son catalogadas como golpistas o terroristas, tendientes a la anulación de la persona y sus derechos, privándoles de la atención médica de calidad, la educación, el trabajo, la libre circulación u otros", advirtió.

Según ese Colectivo un número importante de personas exiliadas primero sufrió un desplazamiento forzado interno, lo cual aumentó su vulnerabilidad, para posteriormente tener que salir del país por puntos irregulares, "sometiéndose así a los peligros de delincuencia común u organizada de otros países".

"El desplazamiento forzado ha repercutido con especial gravedad en la población adulta mayor, las mujeres, población LGBTIQ+, población indígena y afrodescendiente, sumándose la violencia estatal a un sistema de discriminación histórica, estereotipos de género y prejuicios sociales", señaló.

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Durante ese período, de abril de 2018 a la fecha, esa ONG registra el cierre de al menos 56 espacios y medios de comunicación, la cancelación arbitraria de más de 3.552 organizaciones de la sociedad civil, así como detenciones arbitrarias, la implementación de una política estatal de tortura, ataques a la Iglesia católica y feligresía, entre otros actos, que "son factores determinantes del exilio".

ONG ve retroceso de Costa Rica en materia migratoria

Por otro lado, esa ONG expresó su preocupación "sobre los retrocesos en materia migratoria en Costa Rica con relación a las personas solicitantes de refugio, lo que agrava su situación en este país centroamericano, uno de los principales destinos de la población desplazada forzada nicaragüense".

"En el Día Internacional de la Persona Migrante, hacemos un llamado a la comunidad internacional para incrementar los apoyos a los países receptores y a las personas exiliadas nicaragüenses, facilitando su integración social y económica en estas naciones de acogida y permitiendo la libre denuncia a la dictadura de Ortega y Murillo", abogó.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que el presidente Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.